Villar de Cañas

A lo largo de las últimas dos semanas, la pugna entre el Gobierno y organizaciones e instituciones de diverso tipo en torno al proyecto de construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca) ha copado buena parte de las portadas de los periódicos digitales.

La importancia de esta infraestructura, para que nos entendamos, consiste en que fue proyectada para acoger buena parte del combustible (uranio) empleado por las centrales nucleares españolas y que, pese a no resultar ya útil para la producción de energía con la actual tecnología de que disponemos (en realidad conserva un 90% de su capacidad), sigue manteniendo un alto nivel de radiactividad (vamos, que podrían causar una catástrofe).

Para quienes no hayáis ido siguiendo la cuestión, en los últimos días se ha enquistado el proyecto, después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera un informe preliminar favorable a comenzar el proyecto y, antes de que el Gobierno diera luz verde, la Junta de Castilla-La Mancha (con el apoyo de los contrarios al proyecto y de organizaciones ecologistas) ha puesto en marcha un procedimiento para declarar la zona como espacio natural protegido.

Así pues, dado que la legislación establece que la declaración por parte de la Junta tiene legitimidad para paralizar cualquier proyecto sobre el terreno, la única salida que le queda al Gobierno si quiere que el proyecto se lleve a cabo es declarar la infraestructura como una cuestión de “interés público”. Únicamente con esta calificación sería posible “saltarse” las competencias autonómicas, según la Constitución. Llegado este punto, todo se reduce a una batalla legal.

Ahora bien, ¿Por qué se oponen quienes se oponen? ¿Por qué se ha de construir en Villar de las Cañas? Y, todavía más, ¿Por qué es necesario un ATC en España?

Empecemos por el principio:

Si hay que darle un comienzo a toda esta historia, este tendría lugar en 1989, cuando, debido a un incendio en el reactor I de la central nuclear de Vandellós (Tarragona), se desmantela la instalación y, al no tener un cementerio nuclear (lo que viene a ser un ATC), envía el combustible nuclear a Francia.

Entre otras condiciones, el acuerdo entre España y Francia establecía que, si en 2011 España no tenía un ATC construido donde albergar el combustible nuclear, pagaría 65.000 euros diarios de fianza.

De hecho, a la vista del vencimiento del plazo, España actualizó su (sexto) Plan General de Residuos Nucleares en 2006, en el cual (en su Anexo C) se establecía como “objetivo prioritario” tener finalizadas las instalaciones del ATC en 2010.

Sobra decir que dicho plan no solo no se cumplió, sino que, en lo peor de la crisis económica, España tuvo que renegociar el acuerdo con Francia para no tener que hacer frente a la penalización.

El caso es que, 20 años después del incencio de Vandellós y dos años antes del vencimiento del plazo, en 2009, –como siempre, tarde y mal– el ejecutivo de José Luiz Zapatero puso en marcha el proceso para elegir la ubicación del nuevo almacén. En un principio se presentaron 13 localidades candidatas, de entre las cuales se preseleccionaron ocho. En diciembre de 2011, tras los informes técnicos pertinentes, el recién estrenado ejecutivo de Mariano Rajoy anunció que la localidad elegida para albergar la instalación era Villar de Cañas (pese a que en el informe era la cuarta localidad por orden de idoneidad).

Ahora bien, de 2011 a esta parte, lo que se ha venido hacer es idear el proyecto y realizar prospecciones y estudios sobre la adecuación del terreno a las condiciones geológicas necesarias para albergar unas instalaciones que, recordemos, deben ser de altísima seguridad (nada de maremotos, terremotos, corrimientos de tierras, inundaciones, etc.).

Como resultado de estos informes, según denuncia el Colegio de Geólogos, y como también critican la Plataforma Contra el ATC en Villar de Cañas, Greenpeace y Ecologistas en Acción, resulta que el terreno del emplazamiento escogido está cercano a un humedal (el que origina la laguna de El Hito, a menos de 20 kilómetros), lo que puede dar lugar a inundaciones y erosión del terreno; y en un entorno cuyo terreno es de tipo yesífero (compuesto, en parte, de yeso), lo que puede originar la disolución de bolsas de tierra y posibles corrimientos o hundimientos. Ya es puntería, ya…

Según los expertos que llevan a cabo el proyecto, estos problemas se podrían solventar en buena medida volviendo a plantear una cimentación especial para el edificio del ATC, pese a que, según denuncian las mencionadas organizaciones, esto elevaría en mucho el presupuesto necesario para construirlo.

Pero, ¿Por qué es necesario un ATC?

Resulta evidente que, después de décadas con varias centrales nucleares en marcha (seis en la actualidad) algo hemos hecho con los residuos de forma que no era necesario construir un ATC.

Lo cierto es que, además de este formato de instalación, cada una de las centrales dispone de un espacio de almacenamiento provisional (las famosas piscinas) y, además, tres de ellas cuentan con un Almacén Temporal Individualizado (ATI) con mayor capacidad. Asimismo, existe un proyecto para construir un ATI en la central de Garoña (Burgos), que lleva inactiva un año.

En cualquier caso, quedan cuatro centrales activas que no disponen de un ATI propio, por lo que, una vez no quede espacio de almacenamiento en las piscinas, de no haberse construido un ATC o un almacén individualizado, habrá que encontrarles una solución.

En la actualidad, la capacidad de almacenamiento de residuos nucleares de las piscinas de las seis centrales se encuentran en un grado de ocupación de entre el 75,4% y el 97,1%, según los datos (a 31 de diciembre de 2014) de las propias centrales nucleares y de la asociación Foro Nuclear.

(Pincha sobre cada central para ver los datos de ocupación de combustible y ATI)

Así pues, una alternativa a la construcción de un ATC sería construir cuatro ATI que fueran capaces de atender a las necesidades de cada una de las centrales nucleares que no disponen de uno, aunque, a juicio de los responsables de política nuclear, esto supondría un coste excesivo (construir y gestionar varias instalaciones en lugar de una), además de plantear dudas de seguridad, debido a la dispersión de residuos nucleares por todo el territorio nacional.

¿Qué inconvenientes tiene el cementerio nuclear?

Ahora bien, la construcción de esta instalación también plantea inconvenientes, según los detractores de la construcción del ATC en Villar de Cañas.

Más allá de los problemas técnicos que, de acuerdo con estos, plantea el terreno sobre el que se pretende construir el cementerio nuclear, uno de los principales argumentos de quienes se oponen a él consiste en el peligro añadido que, a su juicio, supone trasladar los residuos nucleares de alta actividad a un punto centralizado.

De hecho, una de las plataformas que han liderado la campaña contra la construcción del ATC en la provincia de Cuenca, Greenpeace, asegura que la construcción de la instalación en esta provincia supondría que un total de 217 municipios españoles verían convertido en “habitual” (varias veces al mes) el tráfico de camiones de transporte de residuos nucleares de alta actividad. Municipios que, según esta organización, “no han sido consultados” sobre si esto les parece bien o no.

A juicio de la directora de Proyectos de esta organización ecologista, Carmen Montón, el transporte por carretera del combustible nuclear de forma regular supone un incremento de la peligrosidad (por la posibilidad de que se produzca un eventual accidente), además de someter a “estrés” a la población local.

No deja de ser cierto que la oposición de esta organización a la construcción del ATC podría interpretarse en clave de oposición a cualquier proyecto relacionado a la energía nuclear. Sin embargo, lo cierto es que la demanda de Greenpeace es la de paralizar el actual proyecto para realizar nuevos estudios técnicos y estudiar posibles alternativas al mismo.

La realidad es que, tanto si uno es favorable a la utilización de la energía nuclear como si es partidario de dejar de emplearla, los residuos radiactivos ya se han generado e, incluso en un hipotético marco de desmantelamiento de las centrales nucleares en activo, es necesario encontrar una solución que permita almacenar el combustible empleado en las mejores condiciones de seguridad.