Se detecta entusiasmo ante la elección de Pablo Casado (Palencia, 1981) como nuevo presidente del Partido Popular. No deja de resultar sorprendente: el joven líder representa muchos de los males que se han señalado hasta la náusea durante la última década de desafección política. Es casi un perfecto apparátchik, ese término coloquial de la etapa soviética con el que se designaba a aquellos funcionarios de responsabilidades difusas cuyo único mérito tangible era el correspondiente carnet del Partido Comunista. Los ocho años (1999-2007) que tardó en aprobar la carrera de Derecho dan idea de su ambición académica. El dato ha pasado casi desapercibido, gracias al mayor ruido generado por sus algo dudosas titulaciones de postgrado. Se ha publicado que sólo terminó –en un llamativo sprint final- porque fue la condición que le puso su mentora, Esperanza Aguirre, para incluirlo en las listas de las elecciones autonómicas de 2007. Sigue leyendo
El 23 de julio del año 2000 tuvo lugar el 35º congreso del Partido Socialista Obrero Español.
Entonces, 995 delegados que representaban a cerca de 350.000 militantes socialistas, eran convocados a las urnas de un PSOE abierto en canal, con una crisis programática e ideológica que todavía adolecía de la artrosis de la última etapa del Felipismo. Sigue leyendo
Todavía no se sabe quién ni cuándo será el nuevo presidente de la Generalidad de Cataluña. Puigdemont sigue de Erasmus en Bruselas y el presidente del Parlament, Roger Torrent, sigue apostando por él como candidato a la presidencia. Mientras tanto, el gobierno de Mariano Rajoy sigue acudiendo a la ley para evitar una investidura orwelliana y delegando en la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
Esta noche, los representantes del Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos se medirán en un debate histórico.
Nunca antes en la historia democrática de nuestro país se ha visto una confrontación, directa y en el mismo plató, entre cuatro partidos políticos en la televisión por ganarse el voto de la población. Principalmente porque nunca antes cuatro partidos se presentaban con opciones a la Presidencia, o al menos de influir determinantemente, si tenemos en cuenta los resultados de las últimas encuestas. De inicio, el encuentro ya ha dado mucho de qué hablar.
La defensa del PP estará delegada a Soraya Sáenz de Santamaría, de quien son más que conocidas sus tablas dialécticas en el Congreso. El resto de los partidos estarán representados por sus líderes – Sánchez, Rivera e Iglesias – que tratarán de apretar el ritmo en una etapa clave de esta carrera de fondo. Sigue leyendo
Si usted no es uno de los cinco millones de personas que estuvieron el 18 de octubre en el bar “Tío Cuco” en el barrio de Canyelles, Barcelona, este artículo le interesará.
El pasado domingo por la noche tuvo lugar en La Sexta, en el programa “Salvados”, el visionado del encuentro entre la tercera y cuarta fuerza política, en lo que a intención de voto se refiere, de nuestro país.
Con la banda sonora de la genial Whiplash, el programa comienza con un zoom out desde la carretera hasta Albert Rivera, algo impaciente en el interior del coche. Un par de planos más tarde, recoge a Pablo Iglesias. Y como dos viejos amigos del instituto a los que no les va mal de todo, empiezan a charlar de esto y de aquello, de lo agotado que está el de la “coleta morada” (no es la primera vez que se lo escuchamos decir) y de lo extrañada que se queda la pequeña Daniela cuando a su padre le paran en cada esquina para el dichoso selfie. Sigue leyendo
La vicepresidenta de Gobierno, S. Sáenz de Santamaría. FOTO: Moncloa
PIAF es una buena onomatopeya para describir cómo ha sonado en nuestros morros el Plan Integral de Apoyo a la Familia 2015-2017, aprobado este jueves en Consejo de Ministros. El Gobierno, en un acto de magnánima generosidad, quiere desquitarse de la enésima promesa electoral incumplida (y así permanece) de aprobar una Ley de Apoyo a la Familia con que aliviar el régimen injusto a que están sometidos quienes deciden tener hijos en España.
Por resumir el contenido del plan, que de por sí no es criticable, el planteamiento de la flamante propuesta del PP consiste en una deducción fiscal de 1.200 euros para familias numerosas y monoparentales, un paquete de ayudas a menores y mujeres embarazadas y en periodo de lactancia en situación de riesgo social, ayudas a las madres jóvenes en materia de educación y vivienda, flexibilizar las jornadas laborales para favorecer la conciliación laboral, contemplar el impacto que tienen las propuestas políticas de cara a las familias y mejorar las pensiones de madres que hayan cotizado menos debido a que se han dedicado al cuidado de sus hijos.
Salta a la vista el hecho –curioso cuanto menos– de que dicho plan llegue después de 1.637 días desde la elección del actual Gobierno, y a tan solo diez días de la primera gran cita electoral a la que se enfrenta el PP (las elecciones locales y autonómicas del próximo 24 de mayo), en la que se juega el dominio territorial de la mayor parte de las instituciones. Juzgue cada uno el interés del actual Ejecutivo por las políticas familiares.
También llama la atención que el formato elegido para impulsar estas medidas sea el de un Plan Integral, en lugar de una ley, como se había prometido. Entre otras cuestiones, implica que el desarrollo y aplicación de las medidas no va impuesto más que por un compromiso “moral”, por lo que, en caso de que no se cumpla, los ciudadanos no tendrán recursos legales para obligar al Ejecutivo a aplicarlo.
Luego además está la cuestión presupuestaria. Pese a las estimaciones de la vicepresidenta del Gobierno de una dotación de alrededor de 5.000 millones de euros, lo cierto es que, al carecer de fuerza de ley, la dotación que se destine finalmente a dicho plan a partir de 2016 dependerá del gobierno que salga elegido en las próximas elecciones generales. Por eso los miles de millones de euros prometidos son papel mojado.
En conjunto, lo único que se puede extraer del PIAF en claro es que es un conjunto de buenas intenciones –incluso buenas ideas– y una magnífica lista de todo lo que no ha hecho el Gobierno mientras disponía de mayoría absoluta. Para la próxima legislatura queda ver quien se sienta en la Moncloa, y qué hace con el susodicho PIAF.
A estas alturas de la película, no cuenten con que se inicie un proceso (guiado por el susodicho plan) para adoptar medidas en firme con aprobación parlamentaria y dotación presupuestaria. Ni da tiempo ni le importa a nadie. Huele mucho más a operación de marketing electoral aprovechando los recursos del Estado que a otra cosa.
