Nunca fue buena idea tomar decisiones importantes cuando uno ha bebido algo más de la cuenta, al igual que tampoco lo es compartir las propias intimidades con los compañeros de borrachera o atender a sus consejos. Todo el que acostumbre a salir de vez en cuando por las noches a divertirse un rato (quizá los que solían hacerlo lo recuerden también) sabe que, a esas horas, todos los gatos son pardos; los amigos, íntimos; los enemigos, antagónicos y las reflexiones, grandilocuentes y poderosamente atractivas.
Ocurre que, de vez en cuando, en esos momentos de euforia o depresión, alguien decide que es el momento de arreglar las cosas con su anterior pareja llamándole –borracho– a altas horas de la madrugada, llega a la conclusión de que es hora de someterse a un cambio de ‘look’, o comete la estupidez de demostrar que es capaz de saltar de un balcón a otro. Sigue leyendo
El 6 de diciembre de 1978 se celebró en toda España el Referéndum para la ratificación del Proyecto de Constitución. Los resultados fueron abrumadoramente favorables al sí con un 87,87% de apoyo que en Cataluña fue aún mayor con un 90,46% de los votos, quedando patente un amplísimo respaldo social y político.
Esa Constitución que tanto respaldo recibió en Cataluña fue la que trajo la libertad y la democracia, la que dio al catalán el estatus de lengua cooficial y la que le dio a Cataluña su autonomía, su autogobierno y sus numerosísimas competencias. Gracias a ella hay elecciones democráticas en Cataluña y de ella emanan los poderes de las instituciones catalanas.
Pero en esa Constitución democrática que tanto apoyo tuvo en Cataluña también quedaban meridianamente claros la indisoluble unidad de la nación española, la soberanía del pueblo español, la solidaridad e igualdad territorial y el imperio de la ley. Sigue leyendo
Suele decir un buen seguidor y comentarista de este blog que en España somos expertos en aprobar leyes que no pensamos cumplir.
Es algo que ya en su día desesperó a ‘Pepe Botella’ (no el marido de la alcaldesa de Madrid sino el hermano de Napoleón), que permitió cierto grado de libertad durante la dictadura y que en los últimos años ha beneficiado a la ‘casta’ política de la que tanto nos quejamos (y a muchos, muchísimos, defraudadores de impuestos y pícaros en todos los estratos sociales).
Es algo que forma parte de nuestro carácter, por lo general desenfadado y socarrón, y que nos ha permitido vivir bajo las situaciones políticas más injustas, pero que también nos hace profundamente incapaces de lograr hacer de nuestra España el Estado moderno, social y eficiente que, según creo, deseamos la mayoría de la ciudadanía.
Ahora bien, la otra parte de los problemas, los que afectan a la “calidad democrática” y a la protección de los derechos fundamentales, esos no tienen que ver con nuestra Carta Magna. Es cierto que la Constitución no pasará a la historia de la literatura política y legal, que es ambigua, poco ambiciosa y que concede demasiado espacio –por ambigua— a la interpretación del desarrollo de los derechos que en ellas se recogen. Aún así, es documento suficiente para forjar sobre él unos estándares de legalidad que garanticen la protección y seguridad jurídica de todos los ciudadanos.
Connivencia (RAE): “Disimulo o tolerancia en el superior acerca de las transgresiones que cometen sus subordinados contra las reglas o las leyes bajo las cuales viven.“
En consecuencia, cabe juzgar que la degradación política de que nos quejamos es consecuencia, más bien, de una mala praxis continuada, de un desarrollo deficiente de las leyes a partir del marco constitucional, de unas estructuras creadas a medida para evadir el cumplimiento de la intención constitucional. Hecha la ley, hecha la trampa. Eso, más que convivencia en democracia, es connivencia en democracia.
No es implanteable una reforma de la Constitución. Decir lo contrario sería mentir, aún más cuando la que tenemos tiene deficiencias obvias. Sin embargo, es más que verdad que sería un error mezclar churras con merinos y pretender, a la vez, que el olmo dé peras, esperando que la solución sea dar muerte a un texto legal (a todas luces inocente, por incumplido), cuando el problema es moral y de falta de “voluntad” (de “querencia”) política –sí– pero también popular.
