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“Gobernar es pactar; pactar no es ceder”, decía Gustave Le Bond. El miércoles, el Congreso tumbó los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Ejecutivo. “Los más sociales”, decían. Los autónomos, no obstante, respiran tranquilos. Ahora toca esperar. Nuevos comicios. Pedro Sánchez, el campeador parece -ya sí- haber muerto.
Un año después del referéndum del 1 de octubre, Cataluña sigue siendo España. Lo es de una forma peculiar, con un Govern presuntamente más comedido en sus acciones -aunque no en sus declaraciones-, dedicado a internacionalizar el conflicto, al tiempo que, desde el Ejecutivo socialista, se buscan fórmulas de consenso. ¿El objetivo? cambiar la “herencia política” del Partido Popular para con Cataluña y darle un nuevo giro que posibilite un diálogo real y fructífero con Torra y sus socios políticos.
La internacionalización del proceso secesionista, la situación económica de la comunidad autónoma y la problemática educativa, son algunas de las cuestiones que vemos en este artículo.
El 23 de julio del año 2000 tuvo lugar el 35º congreso del Partido Socialista Obrero Español.
Entonces, 995 delegados que representaban a cerca de 350.000 militantes socialistas, eran convocados a las urnas de un PSOE abierto en canal, con una crisis programática e ideológica que todavía adolecía de la artrosis de la última etapa del Felipismo. Sigue leyendo
Imprevisible, inédito, desconcertante… se acaban los adjetivos para describir el cambio de Gobierno que se ha producido en España en el plazo de diez días. El inesperado giro ha sido descrito hasta la saciedad. Rajoy tenía el terreno despejado para acabar la legislatura con el apoyo del nacionalismo vasco a los presupuestos de 2018. Casi se había olvidado de que había en el Congreso una mayoría suficiente para firmar su despido. Bastaba con un cambio de los vascos, que es lo que se ha producido.
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En democracia gobierna el que más votos ciudadanos obtiene, directamente o a través de pactos postelectorales; eso está claro. Otra cuestión es quién puede participar en la contienda y cómo se obtienen los votos; eso dicen.
En la sociedad civil esa ecuación demoelectoral es más bien diferente, con excepciones en votaciones corporativas internas: ¿quién gobierna en una familia o en una empresa?, ¿quién elige al médico, al trabajador, al entrenador?, ¿cómo se selecciona al policía, al juez, al maestro? La respuesta a cada una de estas preguntas atiende a diferentes dimensiones de elección y selección, objetivas y a veces subjetivas. Otra cuestión es si los sistemas oficiales son los adecuados, si el dinero lo puede todo, o sobre si el clientelismo influye en las decisiones. Sigue leyendo
Todavía sobrevive en el imaginario colectivo la noción de antagonismo entre el Estado y el mercado. Mientras una facción sostiene airadamente que las fuerzas del mercado deben ser liberadas de las ataduras que el Estado le impone y que, por tanto, este último debe reducirse a su mínima expresión; la otra reacciona con no menos violencia observando que la riqueza tiene una función social, pero otorgándole al Estado la exclusividad en la interpretación de las aspiraciones sociales. El Estado y el mercado son entonces dos archienemigos que se enfrentan constantemente en esos campos de batalla que constituyen los parlamentos, los despachos gubernamentales y los medios de comunicación.
La realidad, como de costumbre, se nos presenta más compleja e infinitamente más interesante. Sigue leyendo
El pasado jueves 26 de octubre, el diputado de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), Benet Salellas, vino a indicar en su turno de intervención durante una sesión en el Parlamento Catalán que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.
Esta frase, “hasta las últimas consecuencias”, tiene un eco particular según la situación en la que sea reproducida.
No suena igual cuando tus trastadas de preadolescente se aproximan al gamberrismo puro y duro y tus padres prometen correctivos severos para enderezar el hombre que estás llamado a ser; que no es otra cosa que un tipo normal.
“Hasta las últimas consecuencias” en defensa de una nación vituperada por las huestes hitlerianas, como era el caso de Gran Bretaña tras el desastre de Dunkerque, tiene que sonar necesariamente diferente en boca de W. Churchill.
Y, del mismo modo, no puede sonar igual cuando quien pronuncia esta frase forma parte de una agrupación política que no condena el terrorismo, que cada vez que les ponen un micrófono (o un megáfono) delante todo lo que se escucha es una mezcolanza de comunismo rancio y dialéctica tumefacta. Alguien que tiene de su lado una guerrilla callejera que además de cuenta de Twitter también va equipada con mochila violenta a manifestaciones o a lo que se preste. “Hasta las últimas consecuencias”, dicho así, toca esa fibra -para los que desdeñamos la perversa interpretación de la lucha de clases- que hace que te sacuda algún que otro escalofrío.
Cada intervención parlamentaria, cada mención en redes, cada puño en alto desde el estrado, desprende un tufo a victimismo que asusta al más pintado. Y , quizás, lo más preocupante es que lo único que contiene esa peste histérica es una olla a presión.
Hoy se ha formalizado, con fallo en el recuento de votos (cosa habitual en la cuestión catalana), la nueva y breve república del noreste de España. Ratificado el 155 en el Senado y presentado un recurso ante el Constitucional tras la fechoría “secreta” que han llevado a cabo setenta diputados del parlamento en el día de hoy, es cuestión de horas que todo el zarandeo de masas y verborrea enloquecida se desvanezca tras un sopor colectivo por el poder del Estado de derecho.
Los gestos quedarán contrariados, como el de la farfullera de Omnium Cultural cuando lanzaba su máquina de mentiras en inglés. Los que han raptado la estrella de oriente y se la han pegado con una plancha caliente a la Senyera, quedarán confundidos, como los obreros de Babel.
Y mientras la Policía y la Guardia Civil actúan, deteniendo a estos y aquellos, TV3, la “vergonya” nacional de Josep Borrell y de tantos y tantos catalanes, apurará todo lo posible para seguir con el relato del martirio político, haciendo con infografías y tertulianos arrabaleros equiparaciones imposibles y disparatadas con los casos de Eslovaquia, Quebec y hasta los pueblos saharahui y palestino.
A quienes enfilan, desde una minoría social de facto, un camino hacia la locura les recomiendo un vistazo a aquellos que se pasearon por ella y volvieron acongojados. Quédense para este caso tan solo con los primeros segundos de este bloque de la entrevista de Évole a Rekarte, el etarra arrepentido, quien después de 22 años de cárcel -de nacionalismo exacerbado y aleatorio llevado hasta el explosivo- cayó en la conclusión de que ninguna idea inoculada desde la abstracción de una futura nación merece más la pena que una vida vivida en libertad y de respeto al otro.
“Es que para mí es todo una mentira al final. (…). ¡Pero qué hostias! Si estamos aquí todos mezclados”.
A estas alturas de los hechos, aunque no hayamos llegado ni al mes desde el 1 de octubre, el único diálogo y encuentro que parece verdaderamente posible con los que cargan y cargarán las mochilas de odio y resentimiento ante lo imposible, es desde el arrepentimiento y reparo institucional. Esperemos estar a la altura para la acogida de los que han perdido, verbigracia Santi Vila, y perderán la dicha. De lo contrario, la próxima generación nos recordará como aquellos que no supieron escribir su historia y terminaron por empezar un conflicto que, como todos, con humanidad y entendimiento de la dignidad del otro seguramente habría sido evitable.
Imagen de portada recogida de la cuenta oficial de Arran.
Hay ocasiones en que la verdad llama a la puerta. Abrimos airados y replicamos: “¡Largo de aquí! Estoy buscando la verdad”. Esta reflexión aparece en ‘El zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta’ de Robert Pirsing. Un libro extremadamente popular en los 70.
La verdad lleva años llamando a la puerta del Gobierno central, pero este ha preferido darle con el picaporte en las narices. Esa verdad es un nacionalismo catalán que año tras año ha crecido de manera rampante. ¿A cambio de qué? De unos votos para esto, de un apoyo para aquello. Sigue leyendo
No les falta razón a quienes, desde el PP, baten palmas con las orejas ante el más que previsible acuerdo entre IU y Podemos. Un acuerdo que, si aceptamos como válida la radiografía que arrojó el mapa electoral del 20D, colocaría a dicha coalición como segunda fuerza política, con 6,1 millones de votos (1,1 millones menos que el PP y cerca de 600.000 votos más que el PSOE). Sigue leyendo
Una simple mañana en el Debate de Investidura ha bastado para saber que no va a haber Gobierno posible. Alusiones, reiteraciones, críticas, achaques e incluso descalificaciones han plagado unos discursos más propios de una campaña electoral que de un Parlamento.
Por si había alguna duda, se ha evidenciado la falta de entendimiento suficiente tanto para formar como para permitir formar un Ejecutivo: el Partido Popular y Podemos no van a votar ni abstenerse en favor de la coalición PSOE – Ciudadanos. Esto es política, y la política, tal y como defendían Anthony Downs, Klaus Von Beyme y demás teóricos reduccionistas, tiende más a semejarse a la economía que a la consigna armónica de la unidad en la diversidad.
Pero dejando de lado los ataques e improperios que los representantes de esta sociedad se lanzan de asiento a asiento, el debate evidencia lo que la mayoría de los españoles augurábamos. Primero, que aquí no hay quién se entienda (por más que se alce la voz) y, segundo, que los discursos empiezan a coger un color llamativamente electoral.
Claras son las posturas de Podemos y PP, visto que no consiguen lo que quieren: sillones, carteras y el control de determinadas instituciones como el CIS (ojito a la importancia de esta herramienta para un partido que tan bien ha sabido estudiar el mercado electoral) además de determinadas medidas políticas o, en el caso de los segundos, sea el hecho simple y directo de gobernar.
Con este panorama, ambos quedan en una posición de beneficio cero de cara al acuerdo y les obliga a marcar un discurso aguerrido y directo. La formación de Iglesias ataca duramente al PSOE, acusándole de deslealtad a su ideología y presentándose a sí mismo como el partido puro de la izquierda. Mientras, el PP se mantiene en sus trece argumentando su legitimidad gubernamental en su mayoría parlamentaria e incidiendo en el punto débil de los socialistas: la estabilidad y recuperación económica.
Podemos: acusa de deslealtad al PSOE y se presenta como el partido puro de la izquierda.
Algo más enrevesada parece la estrategia de Ciudadanos, aunque la intervención de Albert Rivera deja entrever lo que hay bajo el agua. Parecerá difícil de entender su acercamiento al Partido Socialista si, primero, no ha habido ningún guiño especial durante la campaña y, segundo, desde un inicio el propósito de formar gobierno parecía una temeridad. Sin embargo, después de escuchar su discurso en la Cámara y su feroz crítica al PP, el cual se presentaba como un candidato más factible a ofrecer su apoyo que el PSOE y con más opciones de gobernar, ha quedado claro que no ven salida alguna a unas próximas elecciones.
Ciudadanos: primero un acercamiento a la izquierda, después, un ataque al principal partido de la derecha.
Rivera comenzó el asalto a los populares en los puntos flacos tradicionales como la corrupción, el proteccionismo de los intereses empresariales y las puertas giratorias, pero también se lanzó a los puntos que los propios populares utilizan como escudo del miedo en su campaña: unas cifras de paro con las que no nos podemos conformar y la falta a su palabra sobre política fiscal en la campaña de 2011.
¿Es esto una declaración de intenciones? Primero un acercamiento al electorado de la izquierda, cuando tanto se le acusó de ser la marca blanca del PP y después un ataque al principal partido de la derecha. Por si acaso quedaba alguna duda, Rivera volvió a definir a su partido como un partido de centro y liberal. ¿Será esta la estrategia de Rivera ante la quimera de formar Gobierno y al ver que el resto de formaciones ya afila lanzas?
FOTO: Pedro Sánchez durante la sesión de investidura de este miércoles. PSOE
Es un principio fundamental de la comunicación política que solo gana elecciones quien sale a ganarlas. Se trata del mecanismo de la profecía autocumplida: nadie quiere votar a un perdedor, por lo que obligamos a todo aquel que quiera cosechar nuestro voto a mentirnos a la cara. Es una exigencia del público.
Pasa algo parecido con las negociaciones para la investidura: quien se ve en la coyuntura de tener que buscar un acuerdo de una manera u otra –en este caso, el PSOE– será quien tenga que ceder más en sus condiciones. Es por ello por lo que los estrategas de los demás partidos se han enrocado en sus posiciones de forma aún más radical de lo que lo hicieron durante la campaña electoral con el objetivo de maximizar beneficios. Es el PSOE quien ha de moverse o hundirse y, por lo tanto, el juego para PP y Podemos consiste en tratar de que los socialistas recorran la mayor parte del trecho para pactar. Sigue leyendo
Cuando los dos grandes referentes políticos entran en debacle, la desafección se convierte en caldo de cultivo para gobiernos alternativos. Durante 2014 y parte de 2015 esta posibilidad fue aprovechada por Pablo Iglesias. Luego de las jornadas del movimiento 15M los españoles (y el mundo) asistieron a manifestaciones de hastío y rechazo. Jóvenes y adultos se sumaron y las frías mañanas de marzo dejaron en claro el agotamiento del bipartidismo español.
El secreto de todo sistema de partidos se halla en su capacidad para recoger y representar las demandas ciudadanas en la paleta de colores partidistas. Así, durante décadas, los ciudadanos encontraban en el PSOE y el PP a los dos partidos que podían encauzar sus expectativas, el recambio era satisfactorio para los descontentos e incluso la percepción de un buen gobierno se refrendaba en mayorías absolutas.
La democracia española soportaba bastante bien las críticas, y ofrecía alternativas creíbles al ciudadano. El equilibrio parecía alcanzado, pero como en economía, cuando se produce, rara vez se mantiene por mucho. Así los sistemas sufren desafíos, y si consiguen capear las crisis e incorporar a los elementos “anti-sistema” obtienen rotundas victorias de cara a su supervivencia. Sigue leyendo
Hay países donde la situación económica determina el resultado de una elección. Así, hasta la victoria de Obama en 2012, ningún presidente norteamericano había sido reelecto con un nivel de desempleo superior al 10%. La economía puede ser decisiva para la política, pero no constituye un lastre imposible de superar. Otros países se manejan en clave internacional, un entorno económico muy positivo no bastó al PP para superar el problema de 2004 y la crisis producto de la intervención española en Irak.
Las cifras van y vienen, pero las elecciones son constantes. Un adelanto de las elecciones en 2011 permitió al PP hacerse con su segunda mayoría histórica, y el inicio de lo que parecía ser un nuevo ciclo político. Recordemos que meses atrás, el Partido Popular había arrasado en las elecciones municipales, relegando a su rival histórico a las Provincias de Andalucía (donde también gobernaba a nivel autonómico) y Asturias. Salvo los tradicionales feudos inexpugnables de Cataluña y País Vasco, los populares parecían gozar de un poder total.
Mariano Rajoy, siendo un hombre de partido, despuntó por liderazgo organizacional, más que por carisma (apartado por el que siempre es criticado). Y fue precisamente esa fortaleza organizativa (que aprovechó la fuerte caída del PSOE), lo que permitió al PP ganar de forma aplastante en 2011. Sin embargo, una crisis heredada comenzó a hacer mella en la popularidad. Sigue leyendo
A lo largo de las últimas dos semanas, la pugna entre el Gobierno y organizaciones e instituciones de diverso tipo en torno al proyecto de construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca) ha copado buena parte de las portadas de los periódicos digitales.
La importancia de esta infraestructura, para que nos entendamos, consiste en que fue proyectada para acoger buena parte del combustible (uranio) empleado por las centrales nucleares españolas y que, pese a no resultar ya útil para la producción de energía con la actual tecnología de que disponemos (en realidad conserva un 90% de su capacidad), sigue manteniendo un alto nivel de radiactividad (vamos, que podrían causar una catástrofe).
Para quienes no hayáis ido siguiendo la cuestión, en los últimos días se ha enquistado el proyecto, después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera un informe preliminar favorable a comenzar el proyecto y, antes de que el Gobierno diera luz verde, la Junta de Castilla-La Mancha (con el apoyo de los contrarios al proyecto y de organizaciones ecologistas) ha puesto en marcha un procedimiento para declarar la zona como espacio natural protegido.
Así pues, dado que la legislación establece que la declaración por parte de la Junta tiene legitimidad para paralizar cualquier proyecto sobre el terreno, la única salida que le queda al Gobierno si quiere que el proyecto se lleve a cabo es declarar la infraestructura como una cuestión de “interés público”. Únicamente con esta calificación sería posible “saltarse” las competencias autonómicas, según la Constitución. Llegado este punto, todo se reduce a una batalla legal.
Ahora bien, ¿Por qué se oponen quienes se oponen? ¿Por qué se ha de construir en Villar de las Cañas? Y, todavía más, ¿Por qué es necesario un ATC en España?
Si hay que darle un comienzo a toda esta historia, este tendría lugar en 1989, cuando, debido a un incendio en el reactor I de la central nuclear de Vandellós (Tarragona), se desmantela la instalación y, al no tener un cementerio nuclear (lo que viene a ser un ATC), envía el combustible nuclear a Francia.
Entre otras condiciones, el acuerdo entre España y Francia establecía que, si en 2011 España no tenía un ATC construido donde albergar el combustible nuclear, pagaría 65.000 euros diarios de fianza.
De hecho, a la vista del vencimiento del plazo, España actualizó su (sexto) Plan General de Residuos Nucleares en 2006, en el cual (en su Anexo C) se establecía como “objetivo prioritario” tener finalizadas las instalaciones del ATC en 2010.
Sobra decir que dicho plan no solo no se cumplió, sino que, en lo peor de la crisis económica, España tuvo que renegociar el acuerdo con Francia para no tener que hacer frente a la penalización.
El caso es que, 20 años después del incencio de Vandellós y dos años antes del vencimiento del plazo, en 2009, –como siempre, tarde y mal– el ejecutivo de José Luiz Zapatero puso en marcha el proceso para elegir la ubicación del nuevo almacén. En un principio se presentaron 13 localidades candidatas, de entre las cuales se preseleccionaron ocho. En diciembre de 2011, tras los informes técnicos pertinentes, el recién estrenado ejecutivo de Mariano Rajoy anunció que la localidad elegida para albergar la instalación era Villar de Cañas (pese a que en el informe era la cuarta localidad por orden de idoneidad).
Ahora bien, de 2011 a esta parte, lo que se ha venido hacer es idear el proyecto y realizar prospecciones y estudios sobre la adecuación del terreno a las condiciones geológicas necesarias para albergar unas instalaciones que, recordemos, deben ser de altísima seguridad (nada de maremotos, terremotos, corrimientos de tierras, inundaciones, etc.).
Como resultado de estos informes, según denuncia el Colegio de Geólogos, y como también critican la Plataforma Contra el ATC en Villar de Cañas, Greenpeace y Ecologistas en Acción, resulta que el terreno del emplazamiento escogido está cercano a un humedal (el que origina la laguna de El Hito, a menos de 20 kilómetros), lo que puede dar lugar a inundaciones y erosión del terreno; y en un entorno cuyo terreno es de tipo yesífero (compuesto, en parte, de yeso), lo que puede originar la disolución de bolsas de tierra y posibles corrimientos o hundimientos. Ya es puntería, ya…
Según los expertos que llevan a cabo el proyecto, estos problemas se podrían solventar en buena medida volviendo a plantear una cimentación especial para el edificio del ATC, pese a que, según denuncian las mencionadas organizaciones, esto elevaría en mucho el presupuesto necesario para construirlo.
Resulta evidente que, después de décadas con varias centrales nucleares en marcha (seis en la actualidad) algo hemos hecho con los residuos de forma que no era necesario construir un ATC.
Lo cierto es que, además de este formato de instalación, cada una de las centrales dispone de un espacio de almacenamiento provisional (las famosas piscinas) y, además, tres de ellas cuentan con un Almacén Temporal Individualizado (ATI) con mayor capacidad. Asimismo, existe un proyecto para construir un ATI en la central de Garoña (Burgos), que lleva inactiva un año.
En cualquier caso, quedan cuatro centrales activas que no disponen de un ATI propio, por lo que, una vez no quede espacio de almacenamiento en las piscinas, de no haberse construido un ATC o un almacén individualizado, habrá que encontrarles una solución.
En la actualidad, la capacidad de almacenamiento de residuos nucleares de las piscinas de las seis centrales se encuentran en un grado de ocupación de entre el 75,4% y el 97,1%, según los datos (a 31 de diciembre de 2014) de las propias centrales nucleares y de la asociación Foro Nuclear.
(Pincha sobre cada central para ver los datos de ocupación de combustible y ATI)
Así pues, una alternativa a la construcción de un ATC sería construir cuatro ATI que fueran capaces de atender a las necesidades de cada una de las centrales nucleares que no disponen de uno, aunque, a juicio de los responsables de política nuclear, esto supondría un coste excesivo (construir y gestionar varias instalaciones en lugar de una), además de plantear dudas de seguridad, debido a la dispersión de residuos nucleares por todo el territorio nacional.
Ahora bien, la construcción de esta instalación también plantea inconvenientes, según los detractores de la construcción del ATC en Villar de Cañas.
Más allá de los problemas técnicos que, de acuerdo con estos, plantea el terreno sobre el que se pretende construir el cementerio nuclear, uno de los principales argumentos de quienes se oponen a él consiste en el peligro añadido que, a su juicio, supone trasladar los residuos nucleares de alta actividad a un punto centralizado.
De hecho, una de las plataformas que han liderado la campaña contra la construcción del ATC en la provincia de Cuenca, Greenpeace, asegura que la construcción de la instalación en esta provincia supondría que un total de 217 municipios españoles verían convertido en “habitual” (varias veces al mes) el tráfico de camiones de transporte de residuos nucleares de alta actividad. Municipios que, según esta organización, “no han sido consultados” sobre si esto les parece bien o no.
A juicio de la directora de Proyectos de esta organización ecologista, Carmen Montón, el transporte por carretera del combustible nuclear de forma regular supone un incremento de la peligrosidad (por la posibilidad de que se produzca un eventual accidente), además de someter a “estrés” a la población local.
No deja de ser cierto que la oposición de esta organización a la construcción del ATC podría interpretarse en clave de oposición a cualquier proyecto relacionado a la energía nuclear. Sin embargo, lo cierto es que la demanda de Greenpeace es la de paralizar el actual proyecto para realizar nuevos estudios técnicos y estudiar posibles alternativas al mismo.
La realidad es que, tanto si uno es favorable a la utilización de la energía nuclear como si es partidario de dejar de emplearla, los residuos radiactivos ya se han generado e, incluso en un hipotético marco de desmantelamiento de las centrales nucleares en activo, es necesario encontrar una solución que permita almacenar el combustible empleado en las mejores condiciones de seguridad.
PIAF es una buena onomatopeya para describir cómo ha sonado en nuestros morros el Plan Integral de Apoyo a la Familia 2015-2017, aprobado este jueves en Consejo de Ministros. El Gobierno, en un acto de magnánima generosidad, quiere desquitarse de la enésima promesa electoral incumplida (y así permanece) de aprobar una Ley de Apoyo a la Familia con que aliviar el régimen injusto a que están sometidos quienes deciden tener hijos en España.
Por resumir el contenido del plan, que de por sí no es criticable, el planteamiento de la flamante propuesta del PP consiste en una deducción fiscal de 1.200 euros para familias numerosas y monoparentales, un paquete de ayudas a menores y mujeres embarazadas y en periodo de lactancia en situación de riesgo social, ayudas a las madres jóvenes en materia de educación y vivienda, flexibilizar las jornadas laborales para favorecer la conciliación laboral, contemplar el impacto que tienen las propuestas políticas de cara a las familias y mejorar las pensiones de madres que hayan cotizado menos debido a que se han dedicado al cuidado de sus hijos.
Salta a la vista el hecho –curioso cuanto menos– de que dicho plan llegue después de 1.637 días desde la elección del actual Gobierno, y a tan solo diez días de la primera gran cita electoral a la que se enfrenta el PP (las elecciones locales y autonómicas del próximo 24 de mayo), en la que se juega el dominio territorial de la mayor parte de las instituciones. Juzgue cada uno el interés del actual Ejecutivo por las políticas familiares.
También llama la atención que el formato elegido para impulsar estas medidas sea el de un Plan Integral, en lugar de una ley, como se había prometido. Entre otras cuestiones, implica que el desarrollo y aplicación de las medidas no va impuesto más que por un compromiso “moral”, por lo que, en caso de que no se cumpla, los ciudadanos no tendrán recursos legales para obligar al Ejecutivo a aplicarlo.
Luego además está la cuestión presupuestaria. Pese a las estimaciones de la vicepresidenta del Gobierno de una dotación de alrededor de 5.000 millones de euros, lo cierto es que, al carecer de fuerza de ley, la dotación que se destine finalmente a dicho plan a partir de 2016 dependerá del gobierno que salga elegido en las próximas elecciones generales. Por eso los miles de millones de euros prometidos son papel mojado.
Por otra parte, no pierdan tiempo en buscar qué significan exactamente medidas como “mejora de la coordinación y cooperación interadministrativa y de la participación social en materia de apoyo a las familias”. No se molesten, el PIAF no contiene mecanismos concretos para llevarlo a cabo, solo líneas generales de acción.
En conjunto, lo único que se puede extraer del PIAF en claro es que es un conjunto de buenas intenciones –incluso buenas ideas– y una magnífica lista de todo lo que no ha hecho el Gobierno mientras disponía de mayoría absoluta. Para la próxima legislatura queda ver quien se sienta en la Moncloa, y qué hace con el susodicho PIAF.
A estas alturas de la película, no cuenten con que se inicie un proceso (guiado por el susodicho plan) para adoptar medidas en firme con aprobación parlamentaria y dotación presupuestaria. Ni da tiempo ni le importa a nadie. Huele mucho más a operación de marketing electoral aprovechando los recursos del Estado que a otra cosa.
Dicho estudio arrojaba dos conclusiones interesantes: la primera, que el interés por la política entre los jóvenes de 18 a 25 años ha aumentado del 26% en 2008 (entonces, ese porcentaje declaraba estar muy o bastante interesado por la política) al 72,6% a finales de 2014. Cerca de un 50% más en seis años de crisis económica. De hecho, el 80% asegura que votará en las próximas elecciones.
La segunda de las conclusiones era que una mayoría amplia de este colectivo no siente prácticamente ningún apego o confianza por la mayoría de las instituciones y organismos en los que se desarrolla la vida política y social española, a excepción de los clubs deportivos, las ONG y poco más.
Ni los partidos políticos, ni el Parlamento, ni el Ejército o las fuerzas de seguridad, ni la Iglesia, ni la patronal de empresarios o los sindicatos, ni otros actores económicos como empresas o bancos son para esta generación actores de los que se pueda esperar algún tipo de avance en las cuestiones que les preocupan.
Las causas de esta aparente contradicción son del todo conocidas. El informe no aporta ninguna sorpresa en este sentido: corrupción, ausencia de opciones que les representen, desengaño, desánimo sobre la utilidad del voto, decepción tras las últimas elecciones…
Para el director general de la FAD (y del Centro Reina Sofía) el desapego de la juventud hacia los organismos en los que se desarrolla la vida política del país es un signo “preocupante” porque, a su juicio, “ningún país del mundo puede gestionar su convivencia interna sin unas instituciones fuertes“.
En otras palabras, integrar el descontento y las reclamaciones de los jóvenes en un marco político común se presenta como una tarea en la que debe implicarse toda la sociedad, a fin de que estas puedan articularse en un diálogo que beneficie a todos. La alternativa, a todas luces, es el riesgo de una ruptura de la vida política, no para ser sustituida por una nueva fórmula sino para romper todo cauce de diálogo y, por ende, de convivencia.
Decíamos hace unas líneas que la consulta a los jóvenes (un total de 808) fue realizada los últimos meses de 2014. Precisamente ese año se cumplía un siglo desde que uno de nuestros grandes (o de nuestros pocos) pensadores políticos, José Ortega y Gasset, se lamentaba en su discurso ‘Vieja y nueva política‘ del desinterés de la juventud (hoy igualmente pretendida) acerca de las cuestiones políticas y del estatus caduco de las instituciones de la “política oficial“. Decía así:
“Todos esos organismos de nuestra sociedad — que van del Parlamento al periódico y de la escuela rural a la Universidad —, todo eso que, aunándolo en un nombre, llamaremos la España oficial, es el inmenso esqueleto de un organismo evaporado, desvanecido, que queda en pie por el equilibrio material de su mole, como dicen que después de muertos continúan en pie los elefantes“.
Como curiosidad, el filósofo y periodista señalaba a un tal Pablo Iglesias (no el nuestro, sino el fundador del PSOE) como uno de los pocos que no representaban los “odres caducos” de la política de 1875, la de la restauración monárquica.
Aún así, afirmaba que la novedad que suponían los sindicatos y el Partido Socialista de aquel momento (léase hoy como Podemos) “le confundirían si no se limitaran, sobre todo el socialismo, a credos dogmáticos con todos los inconvenientes para la libertad que tiene una religión doctrinal“.
De hecho, y pese a reconocer la “utilidad” de algunos “radicales” que “han ejercido una función necesaria” consistente en “producir una primera estructura histórica en las masas” –lo que hoy viene a ser el clamor por la “regeneración“– acusaba a los responsables de estas fórmulas de ser “buenos demagogos” que “van gritando por esas reuniones de Dios” (pongan aquí “círculos” y tendrán la analogía perfecta).
Sobre las consignas que entonces –y hoy de forma parecida– movían la reivindicación contra la vieja política afirmaba que “son los tópicos recibidos y ambientes, son las fórmulas de uso mostrenco que flotan en el aire público y que se van depositando sobre el haz de nuestra personalidad como una costra de opiniones muertas y sin dinamismo“. “Nuestra política es todo lo contrario que el grito, todo lo contrario que el simplismo –advertía el filósofo– Si las cosas son complejas, nuestra conducta tendrá que ser compleja”.
Por ello, en su discurso, pronunciado en el teatro de La Comedia el 23 de marzo de 1914, abogaba por la recuperación de la “sustancia nacional“, concepto algo vago que no mucho más tarde se emplearía en el auge de los movimientos fascistas, pero que, para Ortega, significaba que “la política no es la solución suficiente del problema nacional“, tal como hemos defendido en este blog anteriormente.
La ruptura de la tradición política –que no el interés político, tal como se aprecia en la encuesta– y, por lo tanto, del derrumbe de la legitimidad o utilidad de sus instituciones a ojos de la nueva generación, proviene del vaciamiento del significado que estas tienen como legado de una convivencia común y articulada (formal y legalmente) como producto de esta.
Es cierto que, como decía el director general de la FAD durante la presentación del estudio, la semana pasada, “es tarea de todos” el reunir a la sociedad y reforzar las instituciones de modo que estos se conviertan en cauces efectivos de comunicación y gobierno para todos. Pero, para ello, es necesario que exista una voluntad mutua de convivir y una preocupación compartida hacia la comunidad.
“Es una ilusión pueril creer que está garantizada en alguna parte la eternidad de los pueblos; de la historia, que es una arena toda de ferocidades, han desaparecido muchas razas como entidades independientes –advertía Ortega– En historia, vivir no es dejarse vivir; en historia, vivir es ocuparse muy seriamente, muy conscientemente del vivir, como si fuera un oficio. Por esto es menester que nuestra generación se preocupe con toda consciencia, premeditadamente, orgánicamente, del porvenir nacional.”
