No creo que esté de más, en estos momentos en que seguimos inmersos en el desafío de los independentistas catalanes, volver la vista atrás y recuperar los argumentos vertidos por Spinoza en el capítulo XX de su celebérrimo Tratado teológico-político (1670). Dicho capítulo se titula “Se demuestra que en un Estado libre está permitido que cada uno piense lo que quiera y diga lo que piensa” y puede considerarse una de las exposiciones más lúcidas, elegantes, persuasivas y sucintas de lo que es e implica un Estado de derecho. Sobre esta entidad política, tenemos actualmente una idea bastante confusa que, creo, está siendo utilizada con descarado oportunismo por los independentistas para arrimar el ascua a su sardina. Estos no se cansan de repetir que la acción judicial emprendida contra ellos es una persecución ideológica y atenta contra su libertad de expresión, contraviniendo la cláusula fundamental de una democracia que se pregona como pluralista y liberal. Es decir, que tal acción judicial, y la línea política y gubernamental que supuestamente la ampara y dirige, demostrarían que España no es un Estado de derecho porque los poderes no están efectivamente divididos, y las opiniones políticas de una parte de la población no se encuentran protegidas y son perseguidas.
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