El independentismo catalán ha vuelto a envidar al Gobierno de Mariano Rajoy, envite que se vería reducido a intento si pretendía Puigdemont dirigir el dardo, en forma de ley, contra el Estado democrático. Tanto es así que la supuesta ley de desvinculación de Cataluña de la España opresora, sólo exigiría al Gobierno lo que anunció la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría: recurrir tan pronto alguien se atreva a rubricar esa ley.
Las instancias judiciales serán el escenario para una nueva pelea entre la etérea pretensión de cuperos, junteros y esquerros con la realidad de la democracia y de un país como España: el cumplimiento de la ley vigente en la Constitución. A la hora de contemplar el problema territorial de España, en particular con Cataluña, se trata de saber que España es una nación indivisible que reconoce la diferencia de los territorios que lo forman, no de esgrimir únicamente un sentimiento como respuesta a ver a quién le late más fuerte la carótida. Lo que España es hoy, que reza la Carta Magna, es lo que realmente tratan de petardear algunos sectores políticos catalanes.
Podría tratarse de una estrategia, la de poner al Ejecutivo frente a la disyuntiva de aplicar el artículo 155 de la Constitución, decisión que haría frotarse las manos a los nacionalistas, que fácilmente escucharían el discurso de María Dolores de Cospedal ante las Fuerzas Armadas como una presunta “amenaza”. La visión de los tanques atravesando la diagonal de Barcelona sólo es imaginaria y deseada por los partidarios de la secesión del Estado, porque daría al independentismo catalán algo que éste no ha tenido nunca: una causa, más allá de su identidad cultural, de su romanticismo.
Más aun, tendrían los afines a la causa un “mártir por la independencia”, es decir, una figura que personifica y encarna las ideas más allá de sí mismas, amén de un golpe político efectista. Esta maniobra buscaría precisamente que la mano implacable de España fuera de carne y hueso, que trascendiese de las trifulcas en unos tribunales que Puigdemont y compañía acatan, pero no comparten.
Será el caso del Tribunal Constitucional, que ha congelado varias partidas presupuestarias del Govern por inconstitucionales tan pronto se destine un euro al referéndum. Puigdemont salió a jugar y, pidiendo compromiso y firmeza, quiso decir imposición. Cualquier opción de diálogo está viciada por la unilateralidad de la propuesta del heredero de Artur Mas y por su sordera constitucional. Ese revés sí tiene una correspondencia, la del conseller Baiget, a quien Puigdemont desmontó de sus responsabilidades por cuestionar el proceso.
El 1 de octubre, si se celebra el referéndum, se hará con base en una ley que no reconoce la ley y, a día de hoy, sólo cuenta con las urnas vacías. Vacías de legalidad, vacías de apoyo mayoritario, vacías de reconocimiento internacional y que sí pueden ser la respuesta al dilema de Cataluña: unas elecciones anticipadas, el martirio gibsoniano que no querría Puigdemont.
