O tendría que acabarse. Diez millones de papeletas incautadas. El sistema informático para el recuento de los votos del 1 de Octubre, tumbado. Cualquier fondo público que se pudiera desviar al secesionismo, intervenido y controlado por el Ministerio de Hacienda. Los artífices de la organización del 1-O, los ejecutores de los portavoces públicos y mediáticos, detenidos.
La jornada de ayer fue definitiva y definitoria en todas las actuaciones que hasta la fecha ha llevado a cabo el Estado de derecho, que no el gobierno español, en Cataluña.
Ya no existen vías -al menos las lógicas y presumibles para hacer siquiera un amago de actividad democrática- para que el Referéndum pueda llevarse a cabo.
“Prevalecerá la ley”, insistía Mariano Rajoy en la declaración institucional más contundente de los últimos 7 años; repleta de gestos y guiños que venían a indicar que todo lo que ocurra a partir de ahora tendrá carácter y forma de rebelión.
Porque, en efecto, así es. A partir de este momento, todo lo que pueda hacer la Generalitat, que insiste en que ellos siguen con el pie acelerado mientras la turba va cortando los frenos, no tiene otro final que no sea una pantomima en el mejor de los casos, una provocación contra el estado democrático cuyo único precedente, en lo que a escalada de tensión y reacción ante la fuerza de los hechos, es la lucha armada.
Porque Puigdemont y su gabinete han tensado la cuerda hasta un punto insospechado. Y jamás se habrían podido llegar a imaginar que al otro lado iba a haber alguien sujetándola con más determinación y durante tanto tiempo.
¿Qué recuento se va a llevar a cabo sin disposición de medios físicos para ello? ¿Cómo van a ser estas nuevas papeletas y quién las va a financiar o imprimir si no es un organismo privado que per se, por su propia naturaleza, perdería toda legitimidad de ser una cuestión común? ¿Se incorporará alguna innovación exótica fruto de la soga que va apresando la locura como el voto a mano alzada o listas de guardería censadas a través de hospitales y ambulatorios?
Si ya de por sí el supuesto referéndum de Cataluña contaba con pocas garantías democráticas, cualquier pergeño que se quiera poner a rodar de aquí al 1 de Octubre no va a ser sino un espejismo de aquello que idílicamente, diada tras diada, habían proyectado las imaginaciones más calenturientas y quijotescas. Y sin embargo, la pregunta que ahora rezuma por medios de comunicación y opinión pública es: ¿y ahora qué?
Aquellos a favor de la independencia tendrán que posicionarse y retratarse. De la misma manera aquellos que desean formar parte de la defensa de la unidad del país. La lógica de los acontecimientos, si nos atenemos a la historia política, invita a especular entre dos posibles vías.
Saltar todo por los aires
Coches de la Guardia Civil destrozados, agresiones policiales, un ambiente de crispación y odio en aumento.”Vértigo”. Así titula El Periódico su portada de hoy. Las imágenes de los manifestantes a la salida de la Consejería de Economía o a las afueras del cuartel general de la CUP hablan por sí mismas.
La situación en Cataluña está en el disparadero. La tensión y sensibilidades de la ciudadanía, a flor de piel.
Es un escenario proclive para que los que ven el caos como una oportunidad, como una posibilidad de martirio político entre los suyos, se autoproclamen por las nuevas circunstancias no ya al papel de meros políticos en representación de la ciudadanía, sino a conductores, libertadores, de una patria constreñida y engañada durante décadas.
Esta realidad permeará a muchos. Dará forma a la rabia individual -arraigada sin origen nacional- en una orgía colectiva de proclamas y frases hechas que, para ellos, más que nunca, cobrará todo ámbito de verdad. La independencia ya no es una cuestión de derecho. Es una cuestión de deber. Y aquí entrará en juego el debate interno más antiguo de la historia: violencia sí o violencia no para la consecución de mis objetivos.
La gente que quiere vivir tranquila, que es consciente que no está bajo el yugo de ningún gobierno nacional opresivo, que sabe que la quema de constituciones en la televisión pública es una salvajada y un delito de extraordinaria gravedad, que reconoce que los autores intelectuales de esta ratonera quedaron deslegitimados por la catarata de corrupción en la que se zambullían.
La ciudadanía que aplica este modo de ver las cosas, que considera que “por aquí no“, se autoprovocará en 9 días un toque de queda personal y familiar.
Es con estos interlocutores, presumiblemente mayoritarios según repite la oposición en Cataluña, con los que se puede pensar en el otro camino.
Comenzar la senda del diálogo
Que será difícil de llevar a cabo y que requerirá, necesariamente, de nuevos actores políticos en Cataluña y de mensajes renovados desde Madrid.
Definitivamente, será un proceso laborioso el rebajar la tensión y volver a ver al otro como lo que es. Un compatriota y un ciudadano que busca ganarse la vida al margen de cualquier otro tipo de circunstancia.
Ese trabajo requerirá de una revisión de las competencias educativas en las comunidades autónomas, de mayor celo por la vida parlamentaria con vocación de encuentro, de volver a repensar los conceptos y aplicabilidad de la “libertad de expresión” y “libertad de actuación”.
De volver, al fin y al cabo, a comprender los beneficios de tener un marco común que se rija por la ley. Esto cabe esperar después del 1 de Octubre. Cualquier otro movimiento que no vaya en esta dirección, la del diálogo y el encuentro, será el gran fracaso de nuestra democracia.
