PIAF es una buena onomatopeya para describir cómo ha sonado en nuestros morros el Plan Integral de Apoyo a la Familia 2015-2017, aprobado este jueves en Consejo de Ministros. El Gobierno, en un acto de magnánima generosidad, quiere desquitarse de la enésima promesa electoral incumplida (y así permanece) de aprobar una Ley de Apoyo a la Familia con que aliviar el régimen injusto a que están sometidos quienes deciden tener hijos en España.
Por resumir el contenido del plan, que de por sí no es criticable, el planteamiento de la flamante propuesta del PP consiste en una deducción fiscal de 1.200 euros para familias numerosas y monoparentales, un paquete de ayudas a menores y mujeres embarazadas y en periodo de lactancia en situación de riesgo social, ayudas a las madres jóvenes en materia de educación y vivienda, flexibilizar las jornadas laborales para favorecer la conciliación laboral, contemplar el impacto que tienen las propuestas políticas de cara a las familias y mejorar las pensiones de madres que hayan cotizado menos debido a que se han dedicado al cuidado de sus hijos.
Salta a la vista el hecho –curioso cuanto menos– de que dicho plan llegue después de 1.637 días desde la elección del actual Gobierno, y a tan solo diez días de la primera gran cita electoral a la que se enfrenta el PP (las elecciones locales y autonómicas del próximo 24 de mayo), en la que se juega el dominio territorial de la mayor parte de las instituciones. Juzgue cada uno el interés del actual Ejecutivo por las políticas familiares.
También llama la atención que el formato elegido para impulsar estas medidas sea el de un Plan Integral, en lugar de una ley, como se había prometido. Entre otras cuestiones, implica que el desarrollo y aplicación de las medidas no va impuesto más que por un compromiso “moral”, por lo que, en caso de que no se cumpla, los ciudadanos no tendrán recursos legales para obligar al Ejecutivo a aplicarlo.
Luego además está la cuestión presupuestaria. Pese a las estimaciones de la vicepresidenta del Gobierno de una dotación de alrededor de 5.000 millones de euros, lo cierto es que, al carecer de fuerza de ley, la dotación que se destine finalmente a dicho plan a partir de 2016 dependerá del gobierno que salga elegido en las próximas elecciones generales. Por eso los miles de millones de euros prometidos son papel mojado.
Por otra parte, no pierdan tiempo en buscar qué significan exactamente medidas como “mejora de la coordinación y cooperación interadministrativa y de la participación social en materia de apoyo a las familias”. No se molesten, el PIAF no contiene mecanismos concretos para llevarlo a cabo, solo líneas generales de acción.
En conjunto, lo único que se puede extraer del PIAF en claro es que es un conjunto de buenas intenciones –incluso buenas ideas– y una magnífica lista de todo lo que no ha hecho el Gobierno mientras disponía de mayoría absoluta. Para la próxima legislatura queda ver quien se sienta en la Moncloa, y qué hace con el susodicho PIAF.
A estas alturas de la película, no cuenten con que se inicie un proceso (guiado por el susodicho plan) para adoptar medidas en firme con aprobación parlamentaria y dotación presupuestaria. Ni da tiempo ni le importa a nadie. Huele mucho más a operación de marketing electoral aprovechando los recursos del Estado que a otra cosa.
