O las peleas y legislaciones detrás de cada bragueta
Hace dos domingos Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír (HO), me escribió un carta.
Venía entre las páginas del diario ABC, en un sobre que contenía un manifiesto donde se pedía mi firma y un posible donativo a favor de la causa. De su causa. Del mismo modo venía un libreto de 41 páginas bajo las siguientes consignas en portada: “¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual. El libro que no quieren que leas”.
Después de una introducción con pretensiones efectistas, enumerando las distintas leyes autonómicas que durante los últimos 8 años han reflejado el avance de los derechos de los colectivos LGTBI, y después de un desarrollo de las posturas de HO a propósito de estas leyes, extraigo una serie de conclusiones a raíz de los fenómenos que han salpicado la actualidad estas últimas semanas y que están en el debate público con formato jurídico desde que el 23 de marzo de 2007, hace ya diez años, se sancionara y empezase la labor de reinterpretación y extralimitación de la ley orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.
El artículo tiene por objeto poner en entredicho las posturas “trasnochadas” de unos y otros, señalar las incongruencias en las que incurren los dos bandos que se postulan en algo tan sensible como la educación sexual/afectiva de los menores a base de campañas autobuseras y marcar una posible línea de actuación para que el encuentro entre colectivos, medios de comunicación, sociedad y asociaciones pro autobuses “de niños con vulva” o “de niños con pene” (según el prisma desde el que se mire la vida) ayude a construir una sociedad plural, rica y en permanente apertura al diálogo y al debate de las ideas, teniendo como horizonte el bien común.
El origen de un debate no concluido. El aterrizaje fallido del detalle “de lo particular” en una legislación general
La Ley de Igualdad, que en la cronología política ubicaremos al final de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, hizo efectiva la necesidad, ratificada por todas las instituciones del Estado (no solo del Gobierno), de aplicar un marco de equidad en favor de los derechos de hombres y mujeres en todos los espacios de convivencia.
En democracia, las leyes juegan un papel fundante a la hora de delimitar los espacios y competencias de la libertad de cada uno en relación consigo mismo, con el otro, con su entorno y con las instituciones. Parte de su carácter es coactivo. Esto quiere decir que el ordenamiento jurídico -el derecho- tiene “poder legítimo para imponer su cumplimiento”.
Desde 2007 ha habido un largo proceso de reflexión de diversos estamentos sociales a propósito de la Ley de Igualdad y sus “satélites legislativos”; las leyes autonómicas de discriminación positiva a favor de los colectivos LGTBI. En aquel momento algunos miembros de estos colectivos, al ver que la ley de igualdad no contemplaba los requerimientos que idealmente se habían marcado como metas políticas y viendo que el “tren del progreso” iba surcando Europa con notables victorias, fueron al detalle. A lo particular. Y lejos de presentar nuevas revisiones, mesas de diálogo o apartados a la Ley de Igualdad, decidieron emular a los movimientos internacionales e intensificar su labor jurídica y mediática, trazando una nueva hoja de ruta que fuera de abajo arriba, empezando por leyes de rango inferior como son aquellas de orden autonómico.
Se empezó a determinar y articular el tratamiento que los profesores deben dar a los alumnos transexuales, el mutismo que debían acatar cuando un niño-niña, niña-niño decidiera ir al baño, las sanciones administrativas que habría si un médico atiende a un paciente homosexual que no se siente conforme con su orientación sexual.
Este hiperdetallismo, este legislar lo concreto y minoritario para hacerlo universal y de obligado cumplimiento, lo vemos a lo largo de todo el itinerario legal que las comunidades autónomas emprendieron en 2009, siendo la pionera la Ley Foral de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales (Navarra). Y terminando con la más reciente; la Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBI fobia (Islas Baleares. 2016).
El debate público, que con gran algarabía las CCAA que han legislado sobre estos derechos daban por concluido con la entrada en vigor de sus flamantes leyes autonómicas, ha demostrado no ser suficiente y ni mucho menos “tema zanjado”.
Ni para los que han trabajado en favor de que las niñas-niños usen el baño de los niños-niñas, que han sentido cómo Hazte Oír y falsamente argumentado, la Iglesia Católica, los persigue por las calles con vivo entusiasmo de volver a prender las hogueras. Ni para los que creen, muy al estilo del retrógrado presentado por el humorista Juan Carlos Ortega –el desdichado de Marco Antonio– que España se resquebraja y que hay que volver a los tanques o autobuses, lo que se tenga a mano, con la solidez de la moral nacional.
Darle toda responsabilidad de discernir intelectualmente a un chico de 4 años algo tan importante como hacer pis de pié o sentado, me parece salvaje. Y más propio de la literatura distópica de Huxley, Bradbury y Orwell, el tomarse al pie de la letra lo que el niño dictamine. El mundo se ha dado la vuelta y son los actos los que justifican y amparan a las leyes.
Y esto se debe a un afán por la imposición social de las tesis con una noción propia del hombre, la mujer y el deber ser de est@s en la sociedad actual. Los colectivos mencionados, junto a las administraciones públicas que los avalan, han olvidado el carácter de “universal” que debieran contener las leyes, incurriendo en una discriminación positiva que genera muchas dudas de su verdadera practicidad. Además, en términos generales, son redundantes pues los derechos que solicitaban ya estaban contemplados de forma genérica en la mencionada Ley de Igualdad, la Constitución del 78 (de forma explícita en el artículo 14), el tratado para la Constitución Europea de 2005 (Título III. Artículo 2-81) y en la Declaración de los Derechos Humanos promulgada por las Naciones Unidas (artículo 2).
En España adolecemos de un exceso de “legalitis”, de llevarlo todo a lo judicial para imponer nuestro criterio, y da la sensación, para los que vivimos esta realidad con cierto escepticismo/agnosticismo en las posturas defendidas, que la hiperlegalización del debate público está haciendo que las cuestiones fundamentales del Estado entren por lo coactivo y no por el diálogo y el encuentro.
El marco social en el que nos encontramos señala la complejidad existente a la hora de trazar la línea divisoria entre el derecho fundamental y la ideología
El buenismo político y la ideología mediática
En tiempos de turbulencia, los hombrecillos verdes de los dos bandos surgen como los dientes de león en primavera; afirmando ser poseedores y garantes de una única verdad inescrutable, que les fue dada por tres o cuatros libros, tres o cuatro experiencias parciales de la vida y miles de seguidores de sus peripecias en las redes. Esas “vivencias” les hacen creer que son poseedores del don de la infalibilidad en sus juicios y dictámenes. Y su problema no viene, tanto los que apoyan la confusión de aseo como los que van a misa con camisas de los de “El bus de la libertad” (ahora de tour por Estados Unidos), por sus mensajes y juegos fabulistas; a mí parecer de lo más tosco y chabacano. Sino porque juegan en la permanente liga de las medias verdades y del enfrentamiento ideológico, sin ninguna propuesta formal de sentarse a discutir, argumentar y profundizar en la posibilidad real de que no se convenzan los unos a los otros sobre lo que unos y otros creen, sino que al menos escenifiquen que es importante dirimir estas cuestiones en una mesa porque es un asunto importante para la sociedad. Es importante tomarse en serio el debate del bien común y hacia dónde queremos llevar nuestra convivencia.
Pero ¿es una batalla real de la sociedad el delimitar si los niños tienen pene o vulva? ¿Por qué nos estamos metiendo detrás de las braguetas para hacer nuestro ajuste de cuentas ideológico? ¿Tenemos que ocuparnos de pensar en esto ahora o hay que buscar medidas para trazar encuentros que son escenificados como imposibles entre las partes implicadas, que en definitiva, somos todos y cada uno de nosotros?
Estas reflexiones, mal resueltas en el panfleto de HO, vienen a marcar la complejidad a la hora de trazar la línea divisoria entre el derecho fundamental y la ideología.
Y en parte, debemos achacar esta responsabilidad, este juego de confusiones, a los partidos políticos y los medios de comunicación.
Entre el buenismo en el que se ha instalado la totalidad del sistema, más sensible a los vaivenes del CIS (véase el caso de los valores socialdemócratas de Ciudadanos que en las últimas semanas han mutado a un liberalismo progresista) que a las urgencias reales de la sociedad. Entre el posicionamiento, deliberado, por parte de los medios en materia informativa, utilizando categorías reduccionistas e hirientes, como esa falsa asociación de “católico” y “Hazte Oír”. Solo el prefijo “ultra” ya viene a señalar que hay una batalla dialéctica que, dicho sea de paso, nunca antes había visto operar con tanta contundencia. Nunca antes y en tan poco tiempo: medios, personalidades políticas y públicas, al igual que voceadores de las distintas redes sociales, se habían puesto al quite, con más o menos elegancia, que cuando Arsuaga sacó el bus a pasear.
Si se leen los estatutos de Hazte Oír, especialmente los puntos comprendidos entre los artículos 3 y 4, no encontraremos ninguna referencia, ni explícita ni velada, al carácter confesional de esta asociación. Entre sus fines -en el plano teórico, todos muy loables- están la defensa de la dignidad de la persona, el fortalecimiento institucional y democrático, la promoción del bien común, el desarrollo de la sociedad de la información, la defensa de la vida y el valerse de herramientas tecnológicas para hacer sus campañas… Pero nada más.
Este movimiento no está adscrito a ningún movimiento religioso en España y toda referencia a su participación en la vida de la Iglesia institucional de nuestro país, es falaz.
Reconocerte como católico e ir contra el catecismo de la Iglesia (punto 2332), te sigue haciendo católico pero no un portavoz acreditado de la Iglesia.
Lo que sí que es un hecho es la petición expresa que los obispos de San Sebastián, Toledo y Getafe han hecho en reiteradas ocasiones a que Hazte Oír “se abstenga de acudir a las instituciones diocesanas a dar a conocer y promover sus iniciativas”.
La exhortación apostólica Amoris Laetitia no es ajena a toda esta cuestión y el Papa Francisco entra de lleno a confrontar las prácticas abusivas que de la ideología de género y de los que se creen abanderados de los derechos de los niños, emanan.
Y sin ser la encíclica dogma de fe, el tratamiento y relevancia que hay que tenerle, para los que se llaman “católicos” y para los que llaman a otros “ultracatólicos”, es de documento de referencia. Y ha de considerarse como un llamado directo del Papa a laicos y religiosos a ver la persona por encima del género y de hacer de la acogida y el encuentro, algo prioritario y elemental para entrar en contacto con el otro desde una posición de respeto a la libertad de cada uno.
Y si la queja de Hazte Oír va porque la escuela pone bajo peligro a los menores con las leyes “trans”, entonces que se apliquen el punto 263 de Amoris Laetitia, que es muy claro a este respecto.
Sobre la formación ética de los niños. Aunque los padres necesitan de la escuela para asegurar una instrucción básica de sus hijos, nunca pueden delegar completamente su formación moral. El desarrollo afectivo y ético de una persona requiere de una experiencia fundamental: creer que los propios padres son dignos de confianza. Esto constituye una responsabilidad educativa: generar confianza en los hijos con el afecto y el testimonio, inspirar en ellos un amoroso respeto. Cuando un hijo ya no siente que es valioso para sus padres, aunque sea imperfecto, o no percibe que ellos tienen una preocupación sincera por él, eso crea heridas profundas que originan muchas dificultades en su maduración. Esa ausencia, ese abandono afectivo, provoca un dolor más íntimo que una eventual corrección que reciba por una mala acción.
La responsabilidad primera de la educación de los hijos en el terreno moral es de los padres.
Se pueden hacer demandas y exigencias a la escuela pero no se puede transpolar la responsabilidad final del tipo de adultos que tendremos el día de mañana por lo que ocurra, exclusivamente, en el aula.
El marco legal debe respetarse y debe asumirse en democracia. Existen mecanismos, pero no son estos, para poder solicitar una revisión o rectificación de las leyes autonómicas y HO, presumiblemente, tendría músculo suficiente para enfrentar esta senda. Si el miedo de los padres y madres de HO va por la “desorientación” sexual que esta pueda fijar en sus hijos en el aula, responsabilidad de estos mismos padres es no contrarrestar en términos belicosos esta “doctrina autonómica” sino en dotar de sentido a lo que se quiere promulgar, ayudando a los hijos al pensamiento crítico desde pequeños.
Si uno cree que es transexual, heterosexual, homosexual, tiene que tener no derecho (acabemos con el legalismo permanente) sino acompañamiento adecuado para identificarse, reconocerse, quererse y sentirse querido por su comunidad y la comunidad que le acoge.
Y saber identificar qué es lo que está pasando.
Hace unas semanas tuve la ocasión de entrevistar a José Mazuelos Pérez, obispo de Jerez, quien en una intervención en la Conferencia Episcopal Española habló de la intersexualidad. Insistió en un par de ocasiones en que el acompañamiento que hay que llevar a cabo ante el “cambio genital y hormonal” necesarios en un hombre o una mujer que añore el sexo contrario es de naturaleza médica. Porque requiere de psiquiatras y psicólogos en el proceso de “reajuste” de su cuerpo a su identidad sexual. Objetivo que buscan los transexuales que deciden operarse. Por ello, establecer juicios de orden moral y que estos sean los que encierren la única solución es equivocado.
Los que tratan de entender la doctrina social de la iglesia o los movimientos del Papa en criterios de enfrentamiento o lucha, sufren de miopía intelectual. No están queriendo ver más allá de lo que verdaderamente se está proponiendo.
Como hace poco escribía en esta misma publicación Isaac Martín, resolver una realidad compleja de un plumazo es un atrevimiento. Y yo agrego: una falta de respeto hacia la inteligencia de los que no estamos conformes con las tesis y banderas de unos y otros.
Posturas para el diálogo y el encuentro
Lo que hay detrás de la bragueta de un vaquero, en efecto, no importa. No importa para establecer un diálogo.
De la misma manera que no me importa saber si es la calavera de un hombre o una mujer la que sale en las marquesinas de Madrid para señalarme la importancia de la igualdad.
Lo que importa es que no podamos hablar de ello y que solo sea una lucha de fango y puño en la mesa.
La convivencia pacífica ha de pasar por el respeto mutuo y el reconocimiento explícito de la igualdad de los derechos. Sin que la libertad de expresión esté por encima de la libertad religiosa, sino en armonía y encuentro permanente.
Si Hazte Oír desea llevar sus “clases de biología básica” a un ámbito de discusión y desechan la posibilidad de encuentro y diálogo, ¿por qué tendría la sociedad que tomarlos en serio si solamente son vistos como una provocación?
Durante las 41 páginas de panfleto no existe ni una sola propuesta en este sentido de acercamiento “dialógico” con los colectivos aludidos y las administraciones públicas. Solo hay llamados a la acción legislativa para paralizar todos estos fenómenos que “vulneran el derecho de enseñanza de los padres”.
Sin encuentro, sin propuesta formal de tratar de ponerse en la piel del otro, de empatizar y acoger a la persona que sufre la compleja situación de definir su identidad sexual en un entorno que le puede llegar a resultar hostil, todo lo que propone HO es enfrentamiento y combate; nada de acoger a las personas.
Juan Manuel de Prada, en el XL Semanal de hace dos domingos, en el mismo momento en el que Arsuaga se me presentó encartado en el ABC, escribió sobre la “desublimación represiva”. Este par de palabros de Marcuse, que Prada emplea en su análisis, reflejan cómo en pocas décadas el hombre ha cambiado sus batallas públicas a través de los “ideales y aspiraciones que los hacen fuerte” por “una liberación de la sexualidad en modos y formas que reducen la energía erótica (entendiendo esta energía como fuente de la actividad artística y cultural)” que provoca la paradoja del mundo moderno de “cuanto mayor es la liberación de la sexualidad que logran los hombres, más pálida y desfalleciente se torna su capacidad de protesta, más abyecta su sumisión al poder”.
Lo vemos en Huxley, lo vemos en Orwell, los vemos en las tres temporadas de Black Mirror. La ficción distópica lo acredita.
“Podemos dedicar todas nuestras exhaustas energías a reclamar más derechos de bragueta, penes y vulvas de repuestos, penevulvas y vulvapenes reversibles, hasta quedarnos sin luchas, sin clases, sin padres, sin hijos, sin raíces, sin historia, prisioneros de nuestra bragueta, alfeñiques inocuos en manos de marionetistas que nos miran benévolos, y se carcajean”.
Podemos seguir desviando el foco de lo importante y quedarnos en la anécdota de mal gusto de la guerra de los buses. Podemos pasarnos por el forro las formas y seguir entendiendo al otro como enemigo de aquí a la tumba. Pero si no rectificamos y no nos esforzamos todos por arrojar una mirada nueva, respetuosa, verdaderamente crítica y entusiasmada, que trate de construir una forma de relacionarnos donde quepan todos los derechos, libertades y responsabilidades con verdadera razón de ser, estaremos firmando nuestra sentencia de muerte.
