La ciencia está adquiriendo un papel cada vez más central en la gestión de crisis como la sanitaria que estamos viviendo, pero también en las que están llamando a la puerta, como la climática, entre otras. Este hecho tiene un efecto ideológico colateral; se tienda a pensar que a una mayor involucración de la ciencia en la gestión de la crisis existen mayores posibilidades de que ésta sea exitosa, al punto que no pocos piensan que, si en su gestión la opinión científica desplazara a la política, probablemente todo sería mejor. No obstante, el resultado que se obtiene de mirar este hecho con más detención es el inverso del supuesto; es el de la politización de la ciencia.
El creciente papel de la ciencia en la gestión de determinados problemas públicos tiene una explicación, y es que se trata de gestionar un conjunto nuevo de situaciones emergentes que no disponen de ninguna posible descripción que no sea una científica. Son los denominados hiper objetos de Timothy Morton, los cuales, como la actual pandemia generada por el coronavirus no sólo no pueden ser explicadas fuera del lenguaje científico, sino que como tal objeto solo son visibles como tal, en su efectiva dimensión, mediante una descripción científica. Lo mismo sucede con el cambio climático o la pérdida de la biodiversidad global. El ciudadano/a medio/a puede vivenciar, ver, experimentar que él/ella o un cercana/o cae enfermo, más no puede ver la pandemia, que es el objeto de política pública que hoy día desesperadamente las naciones están gestionando. Lo mismo, los y las ciudadanas pueden apreciar un incremento de la temperatura en determinas épocas del año, pero el cambio climático, en tanto el cambio de la temperatura media global del planeta, que es el objeto de la política pública, no. Y como es así, no existe ninguna posibilidad que haya una explicación a la situación que tampoco lo sea.
De forma más o menos generalizada la función de la ciencia en la política pública consistía en dar una explicación a un problema público, un malestar público, o disfunción, que la sociedad ponía como objeto de la política pública. Eso ha cambiado radicalmente, la ciencia no solo explica, sino que pone el problema.
Esto tiene un efecto muy relevante pues el control del relato científico se vuelve central en términos político. Quien controla el relato científico controla los propósitos y los resultados del uso de los recursos destinados a gestionar la crisis, o la situación de que se trate. Y, por tanto, de control de las decisiones que suponen pérdidas para algunos y beneficios o pérdidas evitadas para otros, que es lo más parecido a los intereses que mueven a la política.
Esta situación genera un nuevo tipo de política pública, una política pública científicamente formateada, en donde el conocimiento científico no sólo informa la decisión, sino que le da directamente forma a la política pública. Se decreta o no cuarentena total si y solo si el “modelo científico” así lo recomienda, augurando el resultado que el “modelo” señala.
Este escenario “político-epistemológico” condiciona la estrategia política de gestión de las crisis, y la más obvia consiste en capturar la legitimidad científica, prescindir de aliados políticos y ningunear a los opositores. Los que son, no sólo innecesarios, pues la ciencia por sí sola da forma a la política pública, sino que son además inútiles, pues al no tener acceso al “modelo” no pueden proponer a la ciudadanía alternativas de política pública legítimamente fundadas. Una suerte de cesarismo científico.
Pero la realidad, como se comprueba, es más compleja que lo que las autoridades políticas tienden a creer, y las construcciones estratégicas no responden a los presupuestos modelados y los resultados de las decisiones no se corresponden con lo esperado, o surgen incesantemente nuevos factores inesperados.
Esto sucede por dos razones. Una tiene que ver con que la ciencia no es un sistema de producción de certezas definitivas, sino que es más bien es un sistema de permanente búsqueda de nuevos horizontes de explicaciones que ponen en duda las anteriores o las alternativas, todo lo que impide que, en temas tan complejos como los que suponen estas crisis, pueda decirse que hay solo una lectura científica y “un modelo” que la represente.
No existe procedimiento en el ámbito de la práctica científica que permita escoger, de entre la amplia diversidad de modelos posibles para entender un fenómeno, “el” modelo que supuestamente pudiera dirigir a las autoridades políticas hacia las mejores decisiones posibles. Es la autoridad política la que al elegir un “modelo” lo inviste de la categoría de “el” modelo que supuestamente hace esto. No es una decisión científica, es política. Los debates habidos durante toda esta crisis sobre la información, su interpretación y su contraste con los hechos revelan cuan cierto es esto.
Entonces, si el supuesto “modelo científico” es uno de entre varios legítimamente posibles, lo más obvio es que ninguno de ellos pueda entenderse como un artefacto que puede proveer en ningún sentido una información que obvie la incertidumbre de la decisión que debe asumir la política. Si se sumasen más “modelos” al ejercicio, probablemente la necesidad de una decisión política se hiciese más evidente aún: a más ciencia, más necesaria la política, esa es la realidad.
Una segunda razón por la que las cosas no resultan como lo esperado, es que los “modelos”, dada la naturaleza reduccionista del conocimiento científico no tienen ninguna capacidad para modelar el alcance sistémico de los problemas de política pública que suponen crisis como ésta. Los modelos que se han utilizado en la actual crisis para tomar decisiones tienen un ámbito analítico limitado. Es decir, pueden incorporar un conjunto limitado de variables, en general restringidas a los factores de expansión del virus, a los que determinan las capacidades del sistema de salud y, probablemente los relativos a las medidas de contención, como la cuarentena, distancia social, entre otros. Mas no tienen ninguna capacidad para, por ejemplo, estimar la variabilidad de respuesta social a una cuarentena en función de los niveles de ingreso y/ la confianza de la población en las autoridades, aun cuando se ha demostrado que son factores relevantes. O en la actualidad, para incorporar la respuesta de la población a los diversos incentivos que ofrecen las nuevas posibilidades de movilidad según el rango etario de cada uno.
Es decir, si “el modelo” o cualquiera de ellos no está en capacidad para capturar la naturaleza sistémica del fenómeno que se está gestionando, cualquier estrategia que lo sitúa como único eje de la decisión se caerá como un castillo de naipes. Pero lo que se cae no es el modelo, sino esa estrategia política. Esa que arguye que habiendo modelo no hay decisión política. Y es muy probable que a mayor número de modelos y perspectivas científicas incorporadas en la decisión más evidente sea el número de aspectos y piezas que ninguno considera, y mayor sea la conciencia de la naturaleza sistémica de lo que se está tratando, con lo que se obtiene lo mismo: a más ciencia más necesaria la política. Dado el tiempo del antropoceno que toca vivir, las tensiones entre los sistemas de ciencia y política se van agudizar inevitablemente. Así, es bueno evitar todo intento de parasitar el uno al otro. Para ello es necesario, por un lado, abandonar ese imaginario hercúleo, cuasi religioso podría decirse, de la ciencia, que deslegitima a otras comunidades epistémicas en la toma de decisión. Y por el otro, es necesario democratizar la participación de la diversidad del conocimiento científico en la toma de decisiones, evitando todo tipo de cooptación, potenciando, por el contrario, la dimensión política de la toma de decisión, en definitiva, la democracia.
