Ante los recientes acontecimientos judiciales relacionados con el inagotable procés, permítanme hacer una pequeña y nueva reflexión, pues uno mismo se encuentra abismado en un proceso interior del que espera ser indultado por alguna benévola divinidad.
Cuando se clama contra la ‘judialización de la política’ y se invoca el ‘diálogo’ y las ‘soluciones políticas a un problema político’, ¿qué se está diciendo en el fondo? A mi entender, lo que se está diciendo es algo así como:
“Todo vale. No hay ni existe obstáculo, aunque sea la propia naturaleza de las cosas, que la política no pueda superar con medios democráticos. Todo es volátil y cambiante. El diálogo representa la panacea de un mundo sin límites pues, con él, con unas lenguas desatadas por la democracia, cabe construir la única realidad legítima, la realidad líquida que muda de piel según nuestros deseos e ilusiones, al margen de los imperativos de la lógica y la verdad”.
Luchar contra la ‘judialización de la política’ implica, por lo tanto, derribar el último muro de la realidad en un Estado de derecho -el Poder Judicial- y edificar la democracia al margen de dicho Estado y dicho poder, como masa flotante gobernada por el diálogo a tumba abierta de unos con otros.


Pensemos por un momento qué entraña vivir más allá del muro del Estado de derecho y qué Juego de Tronos se desata en el vacío político posmoderno. Destruida la ley y amortizado el poder judicial, solo queda la democracia de los dialogantes, la buena voluntad de aquellos que pretenden dar soluciones políticas a los problemas políticos.
A mí, en tal situación, ante semejante arcadia, me surge una duda: dado que la democracia con Estado de derecho -es decir, con imperio de la ley y judialización de la política en cuanto espacio donde, al igual que en el resto, debe garantizar el cumplimiento de la ley-, ¿se puede definir como un sistema de normas seguras y resultados inciertos?. La democracia sin Estado de derecho, esto es, sin imperio de la ley ni judialización de la política en cuanto espacio exento del cumplimiento de la ley por su pedigrí dialógico, ¿no se podría definir como un sistema de normas inciertas y resultados seguros?
Evidentemente, el concepto posmoderno y relativista, líquido y oportunista que alienta en nuestros demócratas más desprejuiciados y en los independentistas catalanes oculta, bajo su cháchara tolerante y dialogante, el objetivo de diseñar un mundo político en el que sus ideales se cumplan sin impedimentos, con la sola e imparable fuerza de una mayoría compacta. Este cumplirse sin impedimentos significa saltarse todos los filtros de una democracia representativa, basada, entre otras cosas, en la división de poderes, para, en tal constelación de incertidumbre normativa, dotarse de la capacidad autoritaria y expeditiva con la que garantizar los resultados políticos apetecidos. Objetivo imposible en una democracia representativa, donde lo único seguro son las normas, pero no los resultados. Es una estrategia institucional mediante la cual se obliga a todos los participantes en el juego democrático a cumplir las mismas reglas y procedimientos para evitar privilegiar a unos en detrimento de otros.
Lo que buscan los secesionistas no es la independencia de Cataluña, sino una democracia a la medida de sus convicciones, lo cual suena bastante a dictadura
Cuando los independentistas hablan de diálogo y los demócratas siderales les hacen coro, ya sabemos que están diciendo: “olvidaros de aplicarnos a nosotros las normas que valen para vosotros, dejadnos las manos libres para realizar nuestro proyecto o de lo contrario…”. Cuando los independentistas exclaman que no aceptarán una condena judicial de sus políticos presos e interpelan al Gobierno de la nación para que la evite, dan prueba fidedigna de qué idea tienen de una democracia, en la que no se permite a nadie pasarse la ley por el arco del triunfo. Lo que buscan no es la independencia de Cataluña, sino una democracia a la medida de sus convicciones, lo cual suena bastante a dictadura.
Pero volvamos al asunto de fondo que ha motivado esta reflexión. El verdadero problema es la colisión actual en España de dos ideas de la democracia absolutamente enfrentadas. Por una parte, la idea posmoderna de que la democracia constituye el reino de la voluntad, del querer y del deseo; que no existen realidades ni límites una vez que asumimos la condición filosófica profunda del hecho democrático. Condición inherente a un romanticismo ocasionalista, para el cual todo es ocasión de impregnar el mundo con la propia subjetividad. Mientes sin parar en que el mundo y los demás hombres que lo habitan son algo más que pálidos reflejos de nuestras emociones e ideales, por justos y aparentemente irrebatibles que sean estos.
Por otra parte, la idea clásica de que la democracia constituye una sólida realidad legal y procedimental que está pegada al Estado, que, al tiempo que refuerza la unidad estatal, recibe el amparo de dicha unidad a fin de proteger su estructura (división de poderes, representación política, garantía de derechos y libertades, etcétera…). Estructura antirromántica y antiocasionalista, por la sencilla razón de que su razón de ser consiste en que nadie, ningún individuo, grupo o partido, sea de la ideología que sea, pueda convertir su subjetividad política en un absoluto moral de obligado cumplimiento para todos.
El clasicismo democrático opondría al posmodernismo democrático un muro de contención de los delirios del último vigilado por esa Guardia de la Noche que son los jueces, el Poder Judicial; cuya acción, lógicamente, afecta a la política y los comportamientos políticos dado que una y otros no son entes extraños y anómalos para la ley, ni orbitan en un universo paralelo -el del ‘diálogo’, auténtico engendro de la impostura posmoderna, en el que estarían exonerados de sus obligaciones legales.


ESPECIAL CATALUÑA: Crisis territorial en España
Al criticarse con gestualidad demagógica y deleznable la ‘judialización de la política’, debería quedar claro, al menos, lo que realmente se está criticando y poniendo en cuestión; la vía de agua que, con ese acto de nauseabunda irresponsabilidad, se está abriendo en el muro que nos protege de lo que pueda venir del vacío posmoderno de la política. Ese vacío donde los Caminantes Blancos incuban una democracia sin límites para que los únicos límites efectivos sean los establecidos por su voluntad política.
Lo que, desde el teórico nazi Carl Schmitt, se conoce con el nombre de decisionismo, concepto antiliberal y de claras proclividades dictatoriales muy afines al independentismo catalán. Del mismo modo que le son afines los de romanticismo y ocasionalismo políticos, también puestos en circulación por Schmitt. Estos conceptos, junto con el primero, formarían los tres vértices ideológicos del triángulo fatídico del procés. En cuyo centro, radicaría una subjetividad política que campa por sus respetos en el imaginario mundo democrático creado por ella a la medida exacta de su voluntad de poder.
¿No transmiten los líderes independentistas, en sus actos y retórica, precisamente esa evidencia relativista de que la verdad empieza justo donde a ellos les interesa que empiece? Motivo por el cual las consecuencias de sus decisiones nunca se relacionen lógicamente con las causas de las mismas y aparezcan flotando en un limbo victimizado, donde solo hay inocentes políticos perseguidos, coaccionados y reprimidos por el maldito Estado, pero no políticos sediciosos, rebeldes y malversadores. Esta quiebra de la relación entre causas y consecuencias se realiza hoy en España con una alegría y desvergüenza que revelarían cómo, en política, los males suelen empezar cuando se desafía a la lógica y se asume el autoengaño como discurso con pretensiones performativas.
Este aislamiento de la justicia en el imaginario de una cierta opinión pública deviene del hecho de haber sucumbido al concepto posmoderno de la política
Frente a la corrupción intelectual del independentismo catalán, jaleada por los demócratas posmodernos, hemos fiado la defensa de nuestro Estado democrático, de nuestra cordura epistemológica y racionalidad, a la parte judicial de dicho Estado, y, de este modo, al desembarazarnos de lo que nos corresponde en tal defensa, hemos hecho que esa parte parezca que va por libre, como un barco fantasmal que desaparece en la línea del horizonte arrastrando el pesado lastre de una idea de democracia y, en fin, de realidad que cada vez nos resulta más lejana y trasnochada.
Y ello debido al carácter racional y objetivo de semejante idea, a que la misma preserva la relación lógica entre causas y consecuencias y no reduce la verdad de una situación política al plano de la misma que nos conviene resaltar, ocultando el lado inconveniente aunque de ello resulte caer en contradicciones y autoengaños. En cualquier caso, qué más da saltarse la lógica, contradecirse y autoengañarse cuando lo que está en juego es proteger la pureza de la nación de las garras de un Estado opresor.
Creo que este aislamiento de la justicia en el imaginario de una cierta opinión pública, que se obstina en verla como un órgano separado del cuerpo democrático regido por una lógica diferente de la de dicho cuerpo, deviene del hecho de haber sucumbido al concepto posmoderno de la política, a la atmósfera romántica y ocasionalista del todo vale (pues cómo no vamos a poder discutirlo y decidirlo todo en una democracia, y quiénes son los jueces para decirnos qué está y qué no está permitido discutir y decidir). Concepto desde el cual cada vez resulta más extraña, anacrónica y autoritaria la cara clásica de la democracia como realidad sólida y moral en que no todo vale. Ni todo puede ser administrado en un acto expeditivo y fulminante, decisionista, de voluntad política, por muchos votos que amparen tal acto desnudo de poder.
O nos ponemos de acuerdo sobre el tipo de realidad que habitamos en una democracia, sobre qué cabe y qué no cabe esperar de ella, o la esquizofrenia actual no augura nada bueno
Mi temor es que esa extrañeza de lo posmoderno ante lo clásico, de la política ante la justicia y de la opinión pública ante los jueces se vaya acrecentando hasta el punto de convertir al Poder Judicial en un apéndice sobrante de la democracia, en una especie de incómoda presencia que, a modo de obstáculo, bloquea la posibilidad de transformar definitiva y completamente la democracia en un universo sin ley abierto al diálogo infinito. Un universo líquido, de fronteras indefinidas, a merced de esas enérgicas e inescrupulosas voluntades que dilucidan en cualquier circunstancia una ocasión para autorrealizarse y no un límite que ayude a moderar sus deseos.
Resulta llamativo cómo la democracia pasa hoy por emblema de tal universo romántico y voluntarista. Lo cual aboca, como ya entendieron Max Weber y Hans Kelsen en la Europa posterior a la Primera Guerra Mundial, agitada por profundas corrientes irracionalistas y revolucionarias, a separar la democracia del Estado, de las instituciones, la ley y el derecho, y a servirse de la democracia como de una arcilla ideológica con la que amasar y legitimar los sueños políticos más terribles y disparatados.
La política y la justicia se han separado en nuestro país. Mientras la primera circula por la senda del posmodernismo democrático, la segunda sigue actuando como defensora del clasicismo democrático. El problema, más que político o judicial, es de sentido de lo real, de comprensión profunda de las cosas. Y este problema no cabe sublimarlo beatíficamente como expresión de pluralismo y diversidad de opiniones. O nos ponemos de acuerdo sobre el tipo de realidad que habitamos en una democracia, sobre qué cabe y qué no cabe esperar de ella, sobre las condiciones del diálogo entablado en su seno -pues hasta el diálogo debe estar regulado para ser razonable y útil y no derivar en una forma política perversa esgrimida por tahúres ventajistas- o la esquizofrenia actual no augura nada bueno.
En concreto, porque no sería descartable que la Guardia de la Noche (Poder Judicial), ante la falta de apoyos en casa, decida no resistir más la amenaza que viene extramuros y, siguiendo la pauta posmoderna de los de casa (políticos, medios de comunicación, ciudadanos), abra las puertas del muro (Estado de derecho) a los Caminantes Blancos (independentistas catalanes) y los reciba como se recibe al enemigo en un mundo donde todo vale: con diálogo, sonrisas y servil obsequiosidad. Y no con la ley, los tribunales y un sentido clásico de lo real para el que la democracia tiene límites, la verdad y la lógica importan y los actos políticos entrañan consecuencias que, por mucho que lo deseemos a fin de evadir nuestra responsabilidad, no cabe separar de su causa.

