El 6 de diciembre de 1978 se celebró en toda España el Referéndum para la ratificación del Proyecto de Constitución. Los resultados fueron abrumadoramente favorables al sí con un 87,87% de apoyo que en Cataluña fue aún mayor con un 90,46% de los votos, quedando patente un amplísimo respaldo social y político.
Esa Constitución que tanto respaldo recibió en Cataluña fue la que trajo la libertad y la democracia, la que dio al catalán el estatus de lengua cooficial y la que le dio a Cataluña su autonomía, su autogobierno y sus numerosísimas competencias. Gracias a ella hay elecciones democráticas en Cataluña y de ella emanan los poderes de las instituciones catalanas.
Pero en esa Constitución democrática que tanto apoyo tuvo en Cataluña también quedaban meridianamente claros la indisoluble unidad de la nación española, la soberanía del pueblo español, la solidaridad e igualdad territorial y el imperio de la ley.
Por todo esto a día de hoy la independencia de Cataluña es indudablemente inconstitucional, y pretender violar la Constitución con premeditación y alevosía es profundamente antidemocrático. Nadie puede pretender establecer un nuevo Estado de Derecho saltándose a la torera el actual, pues su nuevo proyecto perdería toda legitimidad. Nadie está por encima de la Ley, por mucho que el señor Mas y compañía estén tan acostumbrados con su 3%. Pretender estarlo es, como ya hemos dicho, profundamente antidemocrático.
Pero tranquilos, ser independentista no es incompatible con respetar la Constitución, las leyes y los derechos de los demás. La Constitución deja abierto un camino para ello: proponer una reforma constitucional que reciba el apoyo de dos tercios de congreso y senado, convocar unas elecciones para elegir un nuevo parlamento que la apruebe de nuevo por mayoría de dos tercios y finalmente realizar un referéndum en todo el territorio español que ratifique la decisión.
Suena complicado, y lo es, pero poniéndolo en perspectiva pedir dos tercios de apoyo popular no es nada excesivo teniendo en cuenta que se está hablando de reformar el corazón de una Constitución que fue aprobada con casi el 90% de los votos y ha traído a España el mayor periodo de paz, libertad, estabilidad y prosperidad de su historia.
Cualquier independentista que defienda esta vía, establecida en el artículo 168 de la Constitución, tendrá todo mi respeto (que no mi voto).
Sin embargo, si finalmente Cataluña decide incumplir la Constitución como pretende el partido que encabeza las encuestas del 27S, será nuestra obligación como demócratas asegurarnos de que la Constitución se aplica. La Constitución establece que los españoles tenemos el derecho y el deber de defender a España, y en ejercicio de ese deber tendremos que exigirle al Gobierno que aplique el artículo 155 de la Constitución.
Porque le pese a quien le pese, mientras la Constitución no se reforme España es y seguirá siendo patria común e indivisible de todos los españoles.
