Cada vez que voy a mi tierra, Cataluña, tal como están las cosas, acabo metiéndome en berenjenales.
En las surrealistas conversaciones que de tanto en tanto, pacíficamente, surgen en torno a la cuestión de la independencia, hay una expresión recurrente que me hace dar un respingo: “el gobierno de Madrit“.
Madrid elige 36 diputados y Cataluña elige 47 (31 por Barcelona, 6 por Gerona, 4 por Lérida y 6 por Tarragona). Eso quiere decir que las provincias catalanas ostentan el 13,42% del peso en el “Gobierno de Madrit” mientras que Madrid representa el 10,2% de los escaños. De lo que se deduce, con una simple operación, que Cataluña tiene un poder de decisión en el Parlamento un 3,2% superior al de Madrid en la toma de decisiones que afectan al conjunto del Estado.
Esto es perfectamente razonable si tenemos en cuenta que la población catalana actual, al término de 2015, es de 7.516.254 personas, mientras que la de Madrid es de 6.464.078 personas. Es decir, la población catalana supone en 16% de la población nacional y la de Madrid, el 13%, es decir, un 3% menos. No tiene nada de raro, salvando el hecho de que ambas están infrarrepresentadas con respecto a otras comunidades autónomas con menor población, cosa que ya es objeto de debate al margen de “la cuestión catalana”.
Con esto, lo único que quiero aclarar es que el “Gobierno de Madrit” es el de Cristinta Cifuentes, a quien, en lo que a sus funciones se refiere, le importa tres pitos lo que ocurra en Cataluña (de hecho la Comunidad de Madrid se está viendo beneficiada por la fuga empresarial), o si se quiere, el de Manuela Carmena, quien está más ocupada en la recogida de cacas de perros que en hipotéticos referéndums de autodeterminación.
¿Qué por qué es tan importante? Porque una y otra vez, cuando la gente se pone pesada con las discusiones políticas, sale invariablemente la misma cantinela: “Es que, ¿por qué tienen que decirnos de Madrid lo que hemos de hacer?“.
Y digo yo, ¿no será más bien que nos Gobiernan desde Andalucía? (Andalucía elige 60 escaños en el Congreso de los diputados (el 17% del total), con una población de 8.381.213 personas, es decir, el 18% del total).
En todo caso, sirvan estos sencillos cálculos, que nada tienen de especiales, para desterrar de una vez por todas la idea de que el Parlamento Nacional son “los otros” que vienen a imponernos lo que tenemos que hacer. Los padres del régimen del 78 se cuidaron muy mucho (aún con sus posibles fallos, hay que plantear esa posibilidad) de que el poder del Estado no fuese un algo insensible a los intereses y necesidades de las regiones de España sino que, precisamente, el poder legislativo lo ostentaran los representantes de cada provincia.
De ahí que no tenga sentido tampoco la insumisión a los designios de un “poder colonizador” en el que, paradojas de la vida, Cataluña es la segunda región más potente (por delante de la capital) y para el que los partidos catalanes han sido una y otra vez la llave del Gobierno a lo largo de la breve historia democrática del país.
Otra cosa será que lo que se esconda detrás de la verborrea demócrata que enarbolan con tanta insistencia quienes tanto se quejan del “déficit democrático” del Estado Español sea realmente una reivindicación económica. Al margen del balance de las Comunidades Autónomas (que está más que trillado y que en algún momento habrá que debatir) lo cierto es que a día de hoy, gracias a Dios, los sujetos de derecho a voto son las personas, no los billetes de euro ni las tan manidas como etéreas “nacionalidades históricas”.
Parece una tontería que haya que explicar ciertas cosas…
*FOTO: ERC. Portavoz del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà (modificada)
