Los prejuicios hacia la actividad del lobbista están a la orden del día: cuando se habla del tema, suele haber alguien que dice “son todos unos corruptos”. Pero si preguntas qué entiende por lobby, desconoce por completo la actividad. A pesar de ello, se suele vincular el lobby a la manipulación, a los intereses personales, a regalos exagerados o dinero por debajo de la manga. Los abusos que se han cometido en las relaciones entre el sector público y privado han empañado la imagen de una actividad que, bien estructurada, es uno de los grandes síntomas de que una democracia funciona.
Si bien es cierto que no existe una definición única de qué es el lobby, se considera cualquier comunicación destinada a influir sobre la legislación, políticas públicas o decisiones administrativas a través de un funcionario público. El lobby, en sí mismo, no es malo. Al contrario: es totalmente legítima y beneficiosa. Es una forma de integrar más puntos de vista en un proceso de toma de decisiones. Sin olvidar de lo beneficioso que resulta para los tomadores de decisiones la información que aportan estos grupos, añadiendo elementos de discusión al debate. Cuando el tiempo es escaso pero el trabajo aumenta, los lobbistas pueden llegar a ser una gran ayuda para un tomador de decisiones.
Existen numerosos tipos de grupos de presión, pese a lo que tradicionalmente se ha pensado: pueden ser empresas, asociaciones de cualquier tipo, ONGs, consultores externos (de comunicación, ex-políticos, juristas…). Por ejemplo, en Bruselas dedica más de 1.000 millones de euros anuales y entre 15.000 y 30.000 lobbistas (dependiendo las fuentes). Sobra decir que dicha ciudad se ha convertido en el segundo punto de mira para la profesión (tras Washington DC). Los motivos de actividad son variados y desequilibrados: 70% se dedican a la defensa de intereses industriales, un 20% a la de gobiernos de todo tipo (tanto nacionales como regionales y municipales) y 10% a la de ONGs u otras organizaciones sociales (como sindicatos). Los parlamentarios europeos son plenamente conscientes de qué intereses tienen los lobbistas, eso no le quita capacidad de decisión o que la aportación de un lobbista pueda ser importante a la hora de actuar.
En una sociedad abierta y plural, todos tienen derecho a asociarse para defender sus intereses o puntos de vista ante las autoridades. Pero precisamente por la capacidad que pueden tener a la hora de influir en procesos tan delicados, se debe garantizar un componente ético a la actividad y una buena estructura que promueva de manera legítima sus acciones, regulándolas. Si se actúa con transparencia, poniendo todas las cartas sobre la mesa e informando, la ciudadanía dejará de sentirse engañada.
