Este artículo se propone una tarea novedosa: utilizar el razonamiento de la filosofía política no para atacar las grandes cuestiones generales sino para responder a los problemas pequeños, aquellos que pueden ser confrontados con los datos. Hacer algo así como filosofía política a nivel municipal, a partir de una problemática concreta: la que gira en torno al pago de las actividades extraescolares.
Soy profesor universitario y padre de niños en edad escolar así que, posiblemente, haya sesgo subjetivo en lo que voy a decir pero… el inicio de curso me resulta fascinante. Diera la sensación de que la vida misma coge impulso en cada nuevo septiembre y, pese a que fácticamente sabemos que no es del todo así, no deja de ser esperanzador el que unos pocos cambios y movimientos en nuestras existencias sean capaces de generar tantas ilusiones.
Viene esto a cuento porque, además de la educación reglada, cada curso arrancan también las cada vez más variadas actividades extraescolares.
Durante algún tiempo fui reacio a todo el asunto. Estaba persuadido de que la obsesión de ciertos padres por apuntar a sus hijos a música, artes marciales, pintura, hípica, matemáticas, idiomas, baile o deportes respondía a una especie de síndrome por tener a los niños ocupados la mayor cantidad de tiempo posible. Algún caso habrá que responda a dicha obsesión, pero hoy ya no me atrevería a hacer un juicio así. Y es que quizá el problema sea mío, pues de pequeño —salvo algún período con taekwondo y guitarra— no me inscribieron en ninguna actividad de este estilo. A no ser, claro, que cuenten las clases particulares, que las tuve, de piano, y con distintos profesores. En todo caso, siempre se sobreentendió que eran “extras” y, por tanto, que tenían su propio coste, que mis padres cubrieron y, que yo recuerde, sin hacerlo a costa de nadie.
Era en otro país, es cierto, y algunos podrán argüir que hasta “menos desarrollado”. En España, en cambio, el Estado no sólo asume la educación primaria, secundaria, profesional y universitaria, sino que también cuenta con enseñanza de idiomas y, a través de muchos ayuntamientos, con una red de escuelas municipales de música y baile y hasta talleres diversos para desarrollar todo tipo de oficios y habilidades.
En total, de los Presupuestos Generales del Estado para 2016, “sólo” un 0,7% se destinaba a educación, pero hay que ver lo que es ese 0,7%, pues asciende ni más ni menos que a 2.483,96 millones de euros. Si se mantuviera su coste actual, eso daría, más o menos, para unas veinticinco temporadas más de Juego de tronos.
La cifra, no obstante, habría que combinarla con lo que gastan en educación las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos. El caso del ayuntamiento de Madrid es curioso, pues dedica unos 73,5 millones de euros a educación infantil y primaria y, el curso pasado, un disputado 1 millón a escuelas de música y danza. Al parecer, desde 2012, estas escuelas mantenían la fórmula de titularidad pública y gestión privada, con un coste sufragado a medias entre comunidad, ayuntamiento y usuarios. La crisis económica forzó a la administración anterior a anular el presupuesto destinado a dichas escuelas, lo que tuvo como consecuencia la salida de más de 2.000 alumnos.
Nada raro, por otra parte: las escuelas municipales de música son una solución “social” a una demanda variante. La gente, por lo general, valora la Música y la Danza igual que la Literatura, la Filosofía o el Arte. Es decir, les parece bien que estén ahí, siempre que sea otro quien se encargue de mantener al personal, las instalaciones y el aparataje necesarios para su cultivo. Otra vez, nada raro.
La idea de las Escuelas Municipales de Música es noble en sus intenciones, pues pretende ofrecer una formación musical no reglada (sin títulos ni límite de edad) para todos aquellos que quieran cultivar una afición o iniciarse para luego ser profesionales. Asunto distinto son los resultados.
En 2012, como decía, el ayuntamiento de Madrid cortó la financiación de estas escuelas, lo que hizo que se duplicaran las cuotas, se bajaran los sueldos de los profesores y se perdieran alumnos. A principios de 2017, el equipo de Ahora Madrid renovó la adjudicación con Música Creativa —la empresa que gestiona las trece escuelas municipales de Madrid— y, con la subida del presupuesto, se abarataron las cuotas para los usuarios —lo sé de primera mano—, pero sigue pendiente saber qué pasará con los salarios de los profesores.
Los profesores de la escuela donde vamos informaron de todo ello —la bajada de precios, la continuidad de las clases— a los padres nada más comenzar el curso, y es un gesto que se agradece, pues despeja incertidumbres en los destinatarios finales. No obstante, por más antipático que suene lo que voy a decir, no soy partícipe de su lucha y tengo serias dudas sobre las razones que aducen sus promotores.
Mis dudas abarcan tres áreas, pero la intención de estas líneas no es polemizar con nadie directamente sino, más bien, realizar un modesto ejercicio de filosofía política donde más duele y donde más afecta, que es en lo local, y donde más complicado resulta ejercer el pensamiento al que está llamada la crítica filosófica. En el ámbito nacional o internacional se pueden atacar las decisiones políticas con argumentos y razonamientos y, además, con una relativa soltura —la prueba de ello es la gran cantidad de filósofos que hoy se dedican a ello—. No cuesta entender por qué. A mayor escala geográfica mayor incertidumbre sobre los resultados y, con ello, más posibilidades para el análisis filosófico y menor probabilidad de “represalias”. Pues a mayor escala del análisis… menor probabilidad de que las afirmaciones filosóficas tengan consecuencias directas sobre los actores políticos (y sobre los intelectuales que suscriben dichos análisis).
Estas condiciones de juego no se trasponen a lo local, y por una buena razón. En teoría, el gobernante municipal tiene un conocimiento más preciso, atiende necesidades más urgentes y controla montos de dinero más manejables y contabilizables. Con lo cual, la crítica filosófica en estas dimensiones aparece terriblemente indefensa y presta a ser desarticulada con rapidez mediante el recurso a los hechos concretos, a la exigencia de cubrir la desprotección de personas concretas, a la necesidad de gestionar partidas para servicios básicos, etc. No sería del todo erróneo, por tanto, sostener que un alcalde “sabe más” que un pensador en su poltrona (el practical statesman frente al armchair philosopher de Edmund Burke).
En definitiva, que no es el ámbito municipal el más receptivo ni para el debate ideológico ni para la crítica filosófica, pues el gobierno en este nivel se dedica a y desgasta en la pura gestión y parecería que es en esos términos gerenciales que habría que cifrar y enunciar la crítica correspondiente.
Sin embargo, es por la mezcla tan atractiva de dependencias que presenta el contexto municipal —tanto de instancias más altas de la Administración como del elector al que teóricamente responde de modo más directo que al partido o al gobierno del Estado—, que creo que la crítica filosófica puede jugar el papel modesto al que está llamada. Papel que no es otro que aclarar las razones de fondo de las acciones y decisiones políticas y, con suerte, iluminar posibilidades no divisadas en el give-and-take deliberativo y experiencial en que se desenvuelve la pequeña política. Razones, en cualquier caso, que podemos comenzar a juzgar a partir de las justificaciones que dan (o no) los gobiernos locales a aquellos ante los que responden… si es que responden, claro.
Diría más. La filosofía no sólo puede discutir estos presupuestos de fondo, sino que debe hacerlo, y no sólo para gobernantes sino también para gobernados, pues las más de las veces en el ámbito local se exigen prestaciones, se esgrimen quejas y se organizan manifestaciones en base a argumentos “prestados” y no necesariamente reflexionados. Frases que en algún momento quizá expresaron ideas meditadas pero que, para cuando llegan “abajo”, son pura ideología, motores para la acción que señalan objetivos estratégicos y responsables de llevarlo a cabo. Análogamente, esto que ocurre entre los ciudadanos se da también entre los gobernantes locales, con frecuencia gestores experimentados que, en caso de justificar sus decisiones con argumentos meta-técnicos, no es raro que tiren de idearios prefabricados o externalicen sus argumentos (¿les suena aquello de “lo manda la Unión Europea”?).
Ahora bien, si resulta que la crítica filosófica puede ser legítima en la política local, ¿cómo llevarla a cabo para que se adecúe a su objeto sin dejar de ser genuinamente filosófica? Intuyo que debería partir de una cierta familiaridad con la gestión municipal —básicamente, conocer cómo funciona—, pero ignoro a partir de qué nivel de tecnicismos la crítica dejaría de ser filosófica y se convertiría en jerga política. Así que, si les parece, déjenme que pruebe un esbozo de este tipo de análisis sin notas a pie de página, links o referencias varias. Sólo unas pocas ideas generales.
Para entender los hechos
Vayamos al caso concreto.
Como decía, mi primera duda respecto a las escuelas municipales tiene que ver con lo estatal. Que sea el Estado quien financie la educación en estas aficiones no deja de tener algo de arbitrario y, en cierto sentido, violento (¿por qué no subvencionar al mismo nivel la ornitología, la mineralogía o la gastronomía?).
Ciertamente, no es una jugada excepcional, dada la declarada intención que tienen los Estados de Bienestar contemporáneos de ocuparse de los ciudadanos desde la cuna a la tumba. Pero no vayamos tan lejos. Algunos dirán que el Estado no sólo debería conservar y mantener las artes con museos y teatros, sino también preocuparse de su perpetuación mediante la financiación de su enseñanza.
Lógicamente, una vez que se acepta lo primero, lo segundo viene solo. Y meterse ahora a discutir qué es un bien público, por qué un arte debería ser patrimonio de la Humanidad y quién debería financiarlo es tarea ardua. Pero incluso si aceptáramos la premisa general —a saber, que como el Estado debe cuidar el patrimonio nacional, también debe suscitar vocaciones anejas—, no es obvio por qué debe hacerse mediante una educación no reglada.
Si se tratara de una labor de reemplazo seria, ¿no habría que seleccionar candidatos y prepararles en serio para que de ahí salgan músicos profesionales? Tiene poco sentido lamentar que los músicos formados en España no se queden en España —al parecer, los mejores se integran en orquestas europeas— y, al mismo tiempo, dilapidar dinero en formación musical no reglada.
Ahora bien, por lo general, pensar la educación en estos términos es conflictivo, pues realmente no es del todo predecible a qué se va a dedicar un alumno que estudia algo, por más técnica que sea la formación recibida. De manera que ni siquiera dotando presupuestariamente una red de escuelas musicales profesionales se atajaría la posible disparidad entre objetivos y resultados.
Además, por si fuera poco, la formación musical —como la deportiva— tiene la peculiaridad de que demanda muchos años de “entrenamiento”, lo que incrementa la incertidumbre sobre quiénes y cuántos concluirán el camino.
La prolongada duración de este adiestramiento podría servir de cobertura a quienes defienden la necesidad de estas escuelas municipales pero, quizá porque apunta a un objetivo difícil de visibilizar, el argumento principal de sus valedores recurre a lo que podríamos denominar la “carta buenista”. Y es que, dicen, en realidad la educación musical municipal no se erige para producir músicos profesionales sino para mejorar la cohesión social. Y parece, entonces, que se termina la discusión: las escuelas municipales facilitan el acceso a los más pobres, fomentan la igualdad y, de un modo mágico e inmedible (perdonen la ironía), promueven la cohesión.
He ahí mi segundo motivo de duda. La intención es noble y, seguramente, es innegable que algo de todo esto ocurre, pero ¿qué es exactamente la “cohesión social”?
La expresión no deja de tener su ambivalencia, pues idealmente apunta a la concordia interior pero políticamente significa algo bien distinto, a saber y por no dar rodeos, a la igualación material de los ciudadanos. Dice mucho sobre nuestro tiempo y su obsesión con la igualdad —o, si se prefiere, su desprecio por lo distinto y, por qué no, lo sobresaliente— el que se acepte sin rechistar la exigencia de igualdad material y se subestime la necesidad de concordia.
Milton Friedman decía en 1980 que la vida no siempre es justa pero que, de alguna manera, todos nos beneficiamos de las desigualdades naturales y adquiridas, ya que en ellas florece el talento, la destreza y la personalidad. Muchos rechazarán esa línea de razonamiento pues, al menos en teoría, la personalidad sí puede perfilarse incluso en las condiciones más adversas, pero lo que es innegable —y, seguramente, preocupante— es el materialismo de una sociedad que antepone lo cósico e inmediato y posterga la lenta y paciente labor de un legislador sensible, respetuoso y prudente, que no es otra que producir la “unión de espíritus” que es, en palabras de Burke, la única capaz de producir todo el bien que deseamos alcanzar.
¿Qué puede significar, entonces, “cohesión social”? ¿Qué las distintas clases sociales convivan entre sí? Puede, pero eso es algo que se da de manera mucho más natural en otros ámbitos.
Además, la realidad es tozuda. Por más buena voluntad que se tenga, los adultos congenian con quien comparte una cierta visión del mundo. Y, mal que mal, esa visión se hereda de un entramado social concreto.
Vamos, que los niños y adultos que van a la escuela de música pueden compartir tiempo allí, pero justificar su financiación por el deseo de que de allí surjan amistades y proyectos compartidos —eso sería una cohesión social verdadera, no el mero compartir espacio— parece poco realista.
No es obvio que sea el terreno de la música y la danza el más propicio para generar esas amistades, dado que cualquier artista que se tome en serio su carrera debe aceptar pagar el precio de cierta soledad, como se ve en las películas de Damien Chazelle (Whiplash, La La Land). Para el caso, si se busca la cohesión social puede haber estrategias mucho más baratas y efectivas como, por ejemplo, la gastronomía.
Mi tercera reserva es económica. Y bidireccional, pues se refiere a las cuotas de los usuarios y los sueldos de los profesores. Califiquen estos dos sintagmas y verán un ejemplo de cuadratura del círculo. ¿Por? Por cómo somos los seres humanos y cómo expresamos lo que queremos: unos, pagar poca cuota; otros, cobrar mucho sueldo.
Soy incapaz de imaginar en qué mundo posible podría suceder tal cosa salvo uno en que se suspendieran las reglas matemáticas. O uno en el que hubiera un actor todopoderoso que pudiera “crear” dinero. O uno, como es el caso de nuestro mundo, en el que ese mismo actor detrayera recursos de unos para pagar a otros. Y es que, sin el efecto distorsionador del Estado, esa imposibilidad manifiesta jamás se daría. Pero introduce al Estado en la ecuación y verás realizarse ese tipo de milagros… a costa de los demás, claro. ¿De quiénes? De todos aquellos que no valoran la música y el arte lo suficiente como para poner su dinero en ello.
Seguramente, no sea gran cosa lo que el poder quita a los ciudadanos de sus nóminas, de sus negocios y de su propiedad para financiar estas enseñanzas, pero aunque fuera un solo céntimo, sigue siendo una exacción y, en la medida en que no es un pago voluntario, es difícil resistir la tentación de verlo como un robo.
¿Qué decir de los sueldos de los profesores? En principio, el deseo de poder vivir de aquello a lo que uno se dedica es un anhelo comprensible y justificado. Pero ¿qué ocurre cuando aquello a lo que me dedico no es apreciado por una cantidad suficiente de personas? Insisto, en este contexto, apreciar no es lo mismo que sentir o decir “me gusta”. Es algo más, es traducir ese aprecio en dinero. Es muy probable que esté equivocado, pero en España no parece que haya un público que valore lo suficiente la música y la danza como para mantener a tiempo completo a sus profesores.
¿Qué hacer, entonces? En una situación llamémosle normal, se establecería una suerte de competición natural entre profesores, que buscarían trabajar en más sitios, fundar sus propias escuelas, indagar nuevas posibilidades para la enseñanza musical, cooperar con profesionales de otras áreas… Lo que haga falta, en definitiva, para poder vivir de aquello a lo que se dedican, lo mismo que cerrajeros, fontaneros, instaladores, repartidores, panaderos, cocineros, pequeños empresarios, científicos e intelectuales.
Siento la aspereza, pero negarse a ello, no salir a buscar su público y pretender que el mundo se adapte a las propias exigencias puede revelar muchas cosas, pero cualquiera que haya pasado por esa situación no puede dejar de examinarse a sí mismo con honestidad y preguntarse: ¿valoro mi oficio lo suficiente como para asumir los sacrificios que demanda su cultivo? ¿Estoy en situación de poder afrontar esos sacrificios? Y si es que sí, ¿qué debo aprender para poder salir adelante dedicándome a mi vocación?
Insisto, no se debe generalizar en el terreno de las relaciones laborales, pero socialmente es llamativo lo que ocurre cuando las administraciones públicas protegen a determinados sectores con pérdidas (piensen, por ejemplo, en las empresas solares fotovoltaicas) y es que desincentivan por completo esa necesaria salida de uno para ir al encuentro del otro que mantiene el vínculo social, si se me permite la expresión poética.
Las distancias entre una empresa poco rentable y una enseñanza poco demandada son numerosas, sí, pero cuando se saca dinero del bolsillo del ciudadano para cubrir con ello las reclamaciones salariales de determinados colectivos a sueldo de la Administración, a uno le entra la duda sobre si no será el Estado es el mayor productor de individualistas. Al fin y al cabo, este tipo de operaciones redistributivas no hacen más que refrendar a aquellos que piensan que sus necesidades de bienestar son más importantes que las de sus conciudadanos.
Además, si abandonamos la perspectiva filosófico y económico política y miramos el escenario con perspectiva histórica, hay en todo esto algo extraño. Como apuntaba Javier Gomá en un libro que editó hace varios años, todavía vivimos de la idea romántica de que la vida, por así decir, sólo es vida si no hay que ganarse la vida, o sea, si el artista genial que todos pensamos que somos en potencia no se encuentra con la enojosa tarea de buscarse las habichuelas.
Ahora bien, ¿cuándo ha sido fácil vivir de la propia creatividad? Ganarse la vida incluye no sólo trabajar con empeño sino, fundamentalmente, encontrar a otro que valore tanto tu trabajo como para pagarte. Que un artista o, en general, una persona dedicada a oficios no productivos pueda vivir de ello es una rareza que, históricamente, sólo ha sido posible y a nivel general por la intervención del Estado a costa del resto. ¿Es ello justo?
Quizá sí y, desde luego, así lo creen muchos cuando entienden que la riqueza de un país no la generan personas concretas (poniendo en juego sus talentos y arriesgando su propiedad) sino “el conjunto del país” y que, por tanto, es justo que todos participemos de los beneficios que obtiene “el conjunto” al margen de nuestra contribución real a la generación de dicha riqueza.
Pero dilucidar esta cuestión nos saca del contexto local y concreto que quería examinar filosóficamente con estas líneas y nos devuelve al lugar donde el intelectual está más cómodo, que es en los grandes principios e ideas. Aunque sólo sea por esta vez, aneguemos en la incomodidad.
