Pablo Valentín-Gamazo

El independentismo catalán ha vuelto a envidar al Gobierno de Mariano Rajoy, envite que se vería reducido a intento si pretendía Puigdemont dirigir el dardo, en forma de ley, contra el Estado democrático. Tanto es así que la supuesta ley de desvinculación de Cataluña de la España opresora, sólo exigiría al Gobierno lo que anunció la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría: recurrir tan pronto alguien se atreva a rubricar esa ley.

Las instancias judiciales serán el escenario para una nueva pelea entre la etérea pretensión de cuperos, junteros y esquerros con la realidad de la democracia y de un país como España: el cumplimiento de la ley vigente en la Constitución. A la hora de contemplar el problema territorial de España, en particular con Cataluña, se trata de saber que España es una nación indivisible que reconoce la diferencia de los territorios que lo forman, no de esgrimir únicamente un sentimiento como respuesta a ver a quién le late más fuerte la carótida. Lo que España es hoy, que reza la Carta Magna, es lo que realmente tratan de petardear algunos sectores políticos catalanes. Sigue leyendo