La mal llamada violencia de género sigue cobrándose vidas y continúa promoviendo el debate en los medios de comunicación sobre el tratamiento informativo que hay que dar a esta lacra social.
Los últimos datos completos nos dicen que el pasado año 54 mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas, una cifra exactamente igual a la del año anterior, 2013. En 36 de esos 54 casos, la víctima y el agresor eran pareja (cónyuges, compañeros sentimentales o novios), y en 18 víctima y agresor habían roto su relación o estaban en la fase de ruptura. También en 36 de los casos la víctima y el autor de la agresión convivían en el momento del homicidio. Para no seguir con más cifras, solo añadiré que 37 de las 54 víctimas mortales eran de nacionalidad española.
He utilizado al comienzo de este comentario la expresión “mal llamada”.
Efectivamente, aunque en el uso de nuestro idioma se ha instalado la expresión “violencia de género”, que incluso da nombre a una ley, la Ley Orgánica 1/2004, no es recomendable su utilización si se tiene presente que, como dice la Real Academia Española (RAE), dicha expresión es una traducción del inglés “gender-based violence” o “gender violence”, difundida entre los medios de comunicación que tenían enviados especiales en el Congreso sobre la Mujer celebrado en Pekín en 1995 y con la que se identificó “la violencia, tanto física como psicológica, que se ejerce contra las mujeres por razón de su sexo”.
Cuando el Gobierno español de turno elaboró el proyecto de la Ley Orgánica, la RAE criticó duramente que fuera a utilizarse la expresión “violencia de género”, señalando que la palabra “género” tiene en español solo dos sentidos: “conjunto de seres establecido en función de características comunes” o “clase o tipo”. Y por eso se dice “hemos clasificado esas obras por géneros” y “ese género de vida es pernicioso para la salud”.
Además, la RAE recordaba en su alegación el significado gramatical de género: género masculino, género femenino. Y la academia indicaba que para designar la condición biológica por la cual los seres son masculinos o femeninos debe emplearse el término “sexo”. En definitiva, que las palabras tienen “género”, pero no “sexo”, mientras que las personas tienen “sexo”, pero no “género”.
En su crítica a la expresión “violencia de género”, la RAE añadía que, según todos los bancos de datos consultados, la expresión más utilizada en los países de habla hispana era “violencia doméstica”, seguida de “violencia intrafamiliar” (sobre todo, en Iberoamérica), “violencia contra las mujeres” y “violencia familiar”.
Por todo ello, la academia recomendaba que la Ley Orgánica se denominara “Ley contra la violencia doméstica o por razón de sexo”. Pese a sus argumentadas recomendaciones, la ley salió adelante con la expresión “violencia de género”, y la expresión se introdujo en todos los ámbitos, especialmente en los medios de comunicación.
Lo sustancial del caso, aparte de la batalla casi perdida sobre la expresión, es que la violencia machista, doméstica, etc. sigue cobrándose vidas, y que los medios de comunicación juegan y puedan jugar un papel muy importante en el caso debido al tratamiento informativo que le dan y puedan darle. Por eso, en la lucha contra esta lacra social, en la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) se presentó recientemente un decálogo de propuestas para mejorar el tratamiento informativo de la violencia machista, documento surgido de una anterior jornada de trabajo en la que participaron 50 periodistas y expertas en el tema.
Esa jornada concluyó con que la lucha contra este tipo de violencia “está sufriendo una regresión en los últimos años”, y cito textualmente, y con que los medios de comunicación, “en su mayoría, están abordándola como una noticia-suceso, en la que falta el relato y la información complementaria que dé sentido al hecho que se denuncia”.
El documento resalta el desconocimiento en las redacciones de los medios de las leyes sobre la violencia contra las mujeres, la falta de perspectiva, la falta de sensibilidad de los directivos y mandos intermedios, la inmediatez de los medios digitales y su obsesión por obtener el mayor número de “clics”. También resalta el documento que los medios “siguen sin renunciar a la publicidad sexista” y que son muy pocos los medios de comunicación que rechazan ese tipo de publicidad, que, según el decálogo, “denigra a las mujeres de manera explícita”.
Me limito a apuntar algunas de las propuestas del decálogo mencionado, como la de “crear conciencia con el lenguaje (las mujeres son asesinadas, no simplemente mueren)”; la de utilizar “fuentes expertas” en la información; la recomendación de cursos de especialización para los directivos, los mandos con poder de decisión de los medios y los redactores; la elaboración de códigos autorregulatorios; el cuidado del material gráfico “para respetar la dignidad de la víctima y no producir mayor sufrimiento”, y la profundización en las razones de la violencia machista.
Se trata en definitiva de que los periodistas y los medios de comunicación tengan siempre presente que los malos tratos y la violencia contra las mujeres constituyen un atentado contra la vida, contra la dignidad y contra la integridad física y psíquica de las víctimas y que, por lo tanto, son delitos y quebrantamientos de la ley.
