A pesar de que -como señalara acertadamente Hannah Arendt– desde su misma aparición el Cristianismo supusiera un desafío al poder constituido, se erigiera en una identidad disruptiva de la esfera pública en general y de la política en particular, la Iglesia siempre hizo, hace y hará política. Política interna y externa.
Muchos atribuyen esta contradicción a la incoherencia típica de los cristianos. Lo cierto es que la Iglesia (de ekklesia, “asamblea” en griego) es una institución esencialmente política. La fe cristiana se estructura desde su origen como una comunidad de discípulos, con sus ritos de iniciación y adoctrinamiento.
En su desarrollo histórico, el Cristianismo se apoyó como credo y cosmovisión en tres pilares fundamentales: 1) un complejo sistema de creencias, que era preciso enseñar y aprender, desarrollar y custodiar; 2) un ritual igual de sofisticado, que operaba como mediación entre Dios y los fieles, que había que oficiar y del que era necesario participar; 3) un código de conducta que había que practicar, enseñar y hacer observar.
La solución no podía ser sino una institución organizada jerárquicamente, con una estructura y finalidad políticas. Esa solución, como puede suponerse, no estuvo exenta de contradicciones ni de concepciones divergentes.
“Es innegable que dentro de la imagen cristiano-medieval del mundo hay también diferencias muy importantes. Todo un abanico de actitudes críticas que van desde el celo expiatorio y ascético de los radicales y los sectarios que desprecian la política hasta el estrecho vínculo del Papado y el Imperio, cuya idea está presente en los grandes pensadores católicos de la época de Santo Tomás y Dante”. (Ritter, Gerhard. ‘El problema ético del poder‘)
Esta condición política inevitablemente se constituiría en motivo de confrontación con el poder secular. Tendemos a pensar en el célebre pasaje de Mateo 22, 15-22, que reconstruye el diálogo entre Jesucristo y los fariseos sobre la licitud de pagar el tributo al César, desde la comodidad del reciente y casi universalmente aceptado principio de separación entre Iglesia y Estado, que sólo la pérdida de relevancia política, social y cultural de la Iglesia en un contexto de secularización parece haber consolidado. Se trata no obstante de una solución de fácil enunciado pero difícil aplicación. Durante casi dos milenios constituyó para el universo cristiano un conflicto político de primer orden.
La política que lleva a cabo la Iglesia, no obstante, tiene sus particularidades. Una de ellas es la negación de su propia condición política, como puede verse en un conocido mensaje radial de Pío XII en la Navidad de 1951: “la Iglesia no es una sociedad política, sino religiosa” (César H. ‘La política en el pensamiento de Pío XII‘). Como si una cosa y la otra fuesen excluyentes.
La Iglesia (del griego ‘ekklesia‘, asamblea) es una institución esencialmente política”.
En este aspecto particular la Iglesia parece replicar la conducta de las diversas sociedades secretas del s. XVIII en Francia y Alemania, que conspiraban contra los regímenes absolutistas bajo la apariencia de cenáculos literarios, asociaciones filosóficas o de perfeccionamiento moral.
Otra vez, lo más sencillo sería pensar que es una muestra no ya de incoherencia sino de la hipocresía católica. La realidad es bastante más compleja.
En primer lugar hay que tener en cuenta el contexto de uso del término. Si por “política” entendemos el conjunto de actividades que se realizan exclusivamente en el ámbito del Estado, la Iglesia no es una institución “política”. Es básicamente así como se sigue entendiendo la política en la actualidad. Fue Carl Schmitt quien señaló que es el pensamiento liberal el que ha confinado la política al recinto del Estado (Schmitt, Carl. ‘El concepto de lo político‘).
En el marco de significación referido, toda institución que opere dentro de los Estados o en relación con ellos y a la vez se defina como “política” automáticamente entra en disputa por el poder, algo en lo que la Iglesia ocasionalmente incurre pero no de forma regular y tampoco como una facción o un partido político más. Si se lo mira desde el principio de separación entre Iglesia y Estado (que rige en la gran mayoría de los países de cultura cristiana, con diverso grado de aplicación) los estados no contemplarían tal posibilidad sin considerarlo una intromisión impropia.
Un prédica diferente
Hay otra razón para negar la condición política de la Iglesia, y es de orden interno. En un contexto fuertemente hegemonizado por la legitimidad democrática, una institución que se defina como política necesariamente abre la posibilidad de que se intenten articular formas de participación con criterios democráticos. La identificación/confusión contemporánea entre política y democracia, en la que incurren hasta los pensadores más agudos, es prácticamente universal.
Fue Aristóteles quien afirmó que el tipo de ciudadano depende de cada régimen político. Como es bien sabido, la Iglesia no constituye una monarquía absoluta, pero el principio de legitimidad por el que se rige (más allá de las siempre latentes tendencias conciliaristas) está fuera de cuestión. En esa monarquía el único ciudadano es el Papa y eventualmente aquellos en los que delega tareas y responsabilidades específicas.
La idea de la misión política de los católicos es una presencia constante en sus alocuciones”.
Una institución política pero que no se presenta, representa ni concibe como tal tiene una particularidad nada despreciable: solo la jerarquía hace política propiamente dicha -en este caso, el Papa, sus cardenales y obispos, regularmente en relación de subordinación y consulta- mientras que el resto obedece y se encolumna detrás de sus pastores. Esto le otorga la nada despreciable ventaja de disponer de una masa social disciplinada y organizada. Los pastores deciden y mandan (últimamente, más bien sugieren): los fieles obedecen.
Pues bien: esto podría estar cambiando, si no de forma permanente, es probable que por un lapso más o menos prolongado. Nos referimos a la prédica del Papa Francisco en lo que se refiere al compromiso político de los católicos y las vinculaciones de la Iglesia con el mundo de la política: parecería estar llevando a cabo una politización explícita de la Iglesia, cerrando al menos parcialmente la brecha ya referida entre praxis política y discurso no-político, o apolítico.
Esto podía verse ya en el prólogo que escribiera siendo presidente de la Conferencia Episcopal Argentina para un libro en colaboración publicado por el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) sobre los católicos y la política.
En ese texto Bergoglio reconoce que efectivamente existe una tensión irresoluble entre el oficio del político y la fe del católico, imposible de ser superada por una síntesis dialéctica, aunque sin especificar en qué consiste esa tensión, que es propia de lo que no puede ser completamente separado pero tampoco unirse en una identidad perfecta (VVAA. ‘Católicos y políticos, una identidad en tensión. Cuatro hipótesis sobre los límites y alcances de la presencia de los católicos en la política latinoamericana‘. Buenos Aires, Agape, 2006, pp. 5-7).
Casi inmediatamente a continuación, afirma la “fecundidad” de esa tensión y sus posibilidades de desarrollo, sin advertir en ningún momento sobre lo propiamente tensivo, sus riesgos o peligros, que no son escasos ni menores aún para la conciencia católica más prudente y mejor formada.
La idea de la misión política de los católicos es una presencia constante en sus alocuciones. En un evento realizado con alumnos de escuelas jesuíticas en junio de 2013 calificó la participación de los católicos en política como una “obligación”. Supone una variación sustancial de la posición tradicional de la Iglesia al respecto, que con frecuencia ha promovido el compromiso político de sus fieles pero sin escalarlo al plano de la obligación moral universal. El Pontífice limitó el deber a los laicos, pero es claro que el mensaje no ha dejado indiferentes a los clérigos, quienes son los encargados de difundir la prédica pontificia y también quienes, por su condición poseen la capacidad y la representatividad de volcar en la política el capital social de los fieles.
En el barro de la puja democrática
Resulta evidente que, por las razones ya dadas, una intensificación del compromiso de los católicos impulsado por la propia Iglesia podría producir efectos en el ámbito de la política secular según su propia dinámica, sus leyes y modalidades: básicamente en el contexto de una praxis democrática liberal. Esta nueva relación de los católicos con la política tiene un ámbito particular de manifestación y desarrollo en los países en los que son mayoría: Europa mediterránea y América Latina.
En este contexto tienen lugar las definiciones electorales del padre Alejandro Solalinde, conocido por su trabajo en favor de los migrantes. El clérigo se pronunció explícitamente por MORENA, el partido de Andrés Manuel López Obrador, como única alternativa política posible para las elecciones presidenciales mexicanas de 2018.
Estas definiciones son realmente sorprendentes, por varias razones. Es novedoso que un sacerdote tome una posición política tan abierta y explícita en un país con sensibilidades laicistas tan arraigadas como México, aún a pesar de la fuerte religiosidad popular de los mexicanos. Por otro lado es notable que Solalinde replique de forma tan puntual la línea argumental de MORENA, lo que revela una preferencia que va más allá del “es lo que hay” (que en realidad tiene el sentido particular de “es lo que queda”), que termina siendo el criterio de elección de muchos mexicanos bien informados. Finalmente resulta extraño que un hombre de la Iglesia abrigue esperanzas en un partido cuya única ventaja respecto de los otros (de los cuales se muestra decididamente desengañado) es que todavía no se ha visto enfrentado al ingente desafío intelectual, técnico y moral del ejercicio del poder del Gobierno Federal.
Solalinde baja a un terreno en el que la Iglesia tradicionalmente ha rehuido ocupar: el de la lucha electoral, la opción positiva y explícita por una determinada fuerza política. La victoria de López Obrador lo posiciona a la vez como referente no menor dentro del equipo de gobierno y como nexo con sectores católicos.
El caso Solalinde supone una llamativa ruptura en las formas en que la Iglesia decide intervenir en los procesos electorales: usualmente lo hace de manera indirecta, advirtiendo sobre los proyectos o las propuestas de campaña que los católicos deben abstenerse de votar. Por lo general, evita personalizar las opciones electorales de los fieles.
Por su parte Giovanni Nicolini, el “padrecito de los pobres” de Milán, explicó recientemente que es imprescindible rescatar la política mundial de su subordinación a los intereses financieros. En su opinión, el único que hace verdadera política en el mundo es el Papa Francisco, al ponerse al lado de los pobres, los marginados y los débiles. Nicolini afirmó que era necesario empezar a enseñar política desde la escuela elemental. Difícil concebir una politización más explícita y completa.
Esta nueva relación de los católicos con la política tiene un ámbito particular de manifestación y desarrollo en los países en los que son mayoría: Europa mediterránea y América Latina”.
El punto es realmente interesante porque revela mutaciones en el discurso pontificio que despiertan simpatías en determinados sectores (católicos y no católicos) y preocupación en otros (esencialmente católicos): al parecer, la comunidad que pretende liderar Bergoglio no es ya la de los fieles cristianos, sino la de los pobres y excluidos de la Tierra. Unos ven en este desplazamiento el encuentro definitivo de la Iglesia con su misión histórica. Otros un proceso acelerado de secularización y disolución del Cuerpo Místico de Cristo.
Podría pensarse que las de Solalinde y Nicolini son ocurrencias personales, sin mayor trascendencia. Pero también pueden vincularse a fenómenos similares que están ocurriendo en la propia patria de Francisco, que funciona, por efecto de una voluntad deliberada o no, como banco de pruebas de la prédica pastoral del Pontífice. Este asunto será materia de análisis de la segunda parte de este ensayo. Lo que parece fuera de dudas es que la cesura entre praxis política y discurso supuso una estrategia de supervivencia, adaptación y defensa en contextos de confrontación u hostilidad. La sutura entre una y otro que parece haber puesto en práctica el Papa Francisco supone una notable novedad para la Iglesia en el mundo moderno, de consecuencias difíciles de estimar, tanto en sus relaciones con el Estado como en el ámbito institucional interno.
