Monesvol: así se llama la reciente deidad descubierta en 2005 por Bob Henderson, el aclamado “profeta” de la religión pastafarista. El Monstruo del Espagueti Volador, un lío de pasta adornado con un par de albóndigas, se coló en las conciencias de muchos como protesta frente a la decisión del Estado de Kansas de permitir la lección de las tesis creacionistas junto a las evolucionistas en las escuelas públicas. Un sinsentido para tantos que iban a lograr su revocación tan solo un año después. Pero el nuevo culto iba a trascender lo anecdótico para erigirse como una opción más en el mercado religioso.
En España ya han intentado cuatro veces introducirse en el Registro de Entidades Religiosas, en que son inscritas las confesiones cumplidoras de ciertos requisitos para recibir la protección que nuestro ordenamiento jurídico —por ahora— otorga a los derechos aglutinados bajo la sentencia “libertad ideológica, religiosa y de culto“, del artículo 16 de la Constitución. Sendas tentativas han resultado absolutamente infructuosas, como cabía esperar. O no…
O no, porque contra toda lógica, o armada de toda ella, la administración holandesa decidió incluir a Monesvol en el Olimpo estatal junto a la Santísima Trinidad o Al-lāh, y Nueva Zelanda ha mostrado ya cierta avenencia reconociendo valor civil a los sacramentos matrimoniales pastafaris, en que entre otras cosas se leen versículos del santo “Evangelio del Monstruo del Espagueti Volador” y otros volúmenes del “Canon relajado“.
En España, la Comisión Asesora de Libertad Religiosa desestimó en 2013 por tercera vez la pretensión, alegando que existe “en sus dogmas, ritos y régimen de funcionamiento” una “evidente falta de seriedad que reflejaba claramente su intención jocosa, por no decir ofensiva“. La última negativa fue notificada a los interesados hace cuestión de meses, alegando el obvio “tono de burla“. Sustantivo, por cierto, que la RAE considera sinónimo del utilizado en el Código Penal para proteger el honor y el derecho a la autodeterminación ideológica de los españoles y los residentes extranjeros: escarnio.
Fue noticia hace unos días el recurso interpuesto contra la decisión frente a la Audiencia Nacional. Porque, aunque no quieren ofender —locución mágica esta que, como es sabido, otorga en nuestra nación carta blanca para mofarse de cualquiera—, consideran que a pesar de ser su religión un sinsentido, una estupidez, “es absurdo” igualmente que “un ser volador deje embarazada a una mujer sin tocarla“, cuestión esta, argumentan, bien vista en sociedad y considerada como algo normal y establecido. Y puestos a mercadear con tonterías, los pastafaris se revuelven enconadamente y buscan amparo en sus derechos religiosos frente a los desmanes totalitarios de la Administración: “¿quiénes son para cuestionar nuestra fe?“. También pedirán espacio en las aulas para propagar su doctrina, derecho reconocido a las confesiones inscritas por la vigente Ley Orgánica de Libertad Religiosa.
Resuena todavía en la memoria de los españoles la polémica de nuestra concejala madrileña, Rita Maestre, que un día de aquellos se coló en un lugar de culto asociada a un grupo que exhalaba con absoluto respeto a las cosas sagradas lindezas como “vamos a quemar la Conferencia Episcopal“, o la clásica y amistosa consigna “arderéis como en el 36“. Ejemplo de libertad de expresión ejercida en el marco de lo estrictamente legal, aunque, eso sí, la Audiencia Provincial que la absolvió —contradiciendo la previa sentencia del Juzgado de lo Penal— se asegura de publicitar en la resolución judicial su sobrante aversión a título personal.
La lista de mofas graves es larga y huelgan pretensiones de exhaustividad.
Es extremadamente curiosa la cercanía tanto de los dictados como de las penas del artículo 525 del Código Penal (1. Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican. 2. En las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio, de palabra o por escrito, de quienes no profesan religión o creencia alguna) y del número 208 (Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación).
De acuerdo con el segundo —y al margen de eventuales concursos con delitos aún más graves—, se reprime con castigos de multa el sereno tratamiento, por pura libertad de expresión, de un colectivo como “cabrones” o “hijos de puta” en un local concurrido, entre otras. La cosa cambia cuando sobre el dintel de la puerta principal del concurrido local reza un letrero “capilla” o demás, y los hijos de puta resultan católicos apostólicos romanos; aunque en la dogmática jurídica el delito se especializa —previendo, eso sí, el art. 525 una condena prácticamente idéntica—, la evidente costumbre jurisprudencial “contra legem” lo ha despenalizado en la práctica.
Contra un creyente todo vale porque es libertad de expresión.
La proclamación de exabruptos como “arderéis como en el 39” pero frente a una sinagoga —no nos aventuremos en nuestro ejercicio imaginativo a introducirlos en la Asamblea judía ni a interrumpir con la barbaridad actos de culto, ora individuales ora colectivos— no está tan bien vista en sociedad. Es posible que algún Tribunal llegare a emitir una sentencia de condena, más allá de mostrar en un fallo jurídico una estupefaciente desaprobación personal. Habría que preguntarse por qué.
Son fantasías subjetivas no obstante, irreales, virtuales, que no debieran ser tenidas en cuenta por el lector —nadie ha irrumpido en pelotas en un templo judío—. Tampoco el notable viraje de los Tribunales españoles, que en los albores de nuestra criticada democracia juzgaron delito “no la simple crítica sino los exabruptos antirreligiosos, con mofa e irrisión de los dogmas de una religión” (STS de 19 de febrero de 1980). En el año 2016 de la civilización y la tolerancia se considera eximente completa la circunstancia de nudismo multitudinario en derredor de un altar.
Es sabido que entre la crítica pacífica de una postura intelectual o ideológica y la injuria al opinante existe una delgada línea que no obstante ha de ser siempre respetada, para preservar los valores cívicos de cualquier sociedad democrática. No cabe en el ordenamiento jurídico la emisión pública de deseos de fusilar a los rojos y comunistas como en los treinta y cuarenta, ni a los críticos con el ideal socialista del Partido. Y más allá de la diferencia formal —esencial— entre un juicio de valor y una descalificación personal: no es lo mismo ridiculizar a alguien por su teoría sobre la composición subatómica del uranio que por su creencia en la inmortalidad de su difunta y amada esposa, o por la seriedad de su práctica religiosa en que implica toda una vida, también su honor y propia estimación. ¿Y profanar lo considerado por otro sagrado, escribiendo anticlericalismos sobre el suelo, como Abel, con 242 hostias y posando a su lado desnudo…?
¡Cuán distinto es militar en un ateísmo activista de la injuria, incluso el ataque, de los valores religiosos…! Ataques con el respaldo de los tribunales.
Curiosamente, a medida que según se dice avanza la democracia y “el poder de la gente”, se retrasan a pasos agigantados la libertad y la fama de quienes se confiesan creyentes. Una célebre excepción al derecho al honor de todos que hiede a lo lejos a arbitrariedad; los religiosos, por serlo, carecen del derecho que ampara a todos los demás que se alinean en una postura ideológica. Debería dar que pensar.
“[La libertad de conciencia] es uno de los fundamentos de las sociedades democráticas“.
“[La libertad religiosa] constituye uno de los elementos más importantes que definen la identidad de los creyentes y su concepción de la vida“.
Sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, de 25 de mayo de 1993.
